Pese a ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó su inhabilitación a través del secretario de Cámara, Fernando Arteaga, basándose en un informe de la propia Contraloría, que indica que Dunn no acreditó su solvencia fiscal de manera satisfactoria.

Jaime Dunn criticó la decisión del TSE y señaló que el fallo se basa en un tema estrictamente administrativo que ya había sido resuelto. Según explicó, el monto reclamado por el municipio de El Alto era de poco más de cuatro mil dólares, pero su equipo ya había realizado pagos por un total de 280.000 bolivianos, cifra que —dijo— representa once veces más que lo exigido inicialmente, incluyendo multas e intereses. “El TSE no tomó en cuenta estos pagos ya efectuados”, reclamó el candidato.

El aspirante presidencial arremetió contra el Órgano Electoral, al que acusó de actuar con “ineptitud y arbitrariedad”. Sostuvo que no se valoraron adecuadamente los antecedentes ni las pruebas legales presentadas por su defensa, y afirmó que su exclusión del proceso electoral responde a intereses ajenos al cumplimiento de la ley.

Dunn anticipó que tomará acciones para revertir la decisión, asegurando que su candidatura aún tiene sustento jurídico y apoyo ciudadano.