Jaime Dunn, precandidato inhabilitado para las elecciones generales del 17 de agosto, afirmó que su candidatura a la Presidencia causa “temor” en los actores políticos de oficialismo y de oposición.

En su criterio, sus propuestas de “achicar el Estado”, “reducir la burocracia”, y hacer “reformas constitucionales”, inquietó a los políticos.

“Eso ha generado claramente temor; ha generado temor al oficialismo, ha generado también temor en la oposición funcional al masismo”, dijo en conferencia de prensa al frente del edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz.

Jaime Dunn

Así respondió a la consulta de los periodistas sobre si hay “miedo” a su postulación.

Este miércoles, la sala plena del TSE decidió inhabilitar al candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP) a través de la resolución 107/2025, tras el análisis de la documentación enviada por la Contraloría General del Estado.

De acuerdo con el reporte de la Contraloría, no fue posible verificar la solvencia fiscal del precandidato, debido a que el certificado presentado no “acredita la solvencia”.

“Nosotros, al ser los que pedimos cambio, estamos siendo obviamente víctimas de todos estos ataques, pero bienvenidos los ataques. No tenemos miedo, estamos aquí para responder”, agregó.

Dunn cuestionó el “procedimiento” de la Contraloría en la valoración de su solvencia fiscal y explicó que la Alcaldía de El Alto le exigía el pago de 4.000 dólares. En respuesta, aseguró haber cancelado 280.000 bolivianos, 11 veces más de lo requerido. No detalló las razones de ese monto, pero afirmó que correspondía, según su propio análisis.

Inhabilitación

A su juicio, lo más preocupante del sistema democrático boliviano son los mecanismos de control injustos y la falta de rigor técnico en los procesos. “La burocracia en Bolivia está hecha para controlar, vigilar, castigar y someter a quien avanza”, protestó.

Dunn señaló que presentó una solvencia fiscal de cuatro páginas. En las dos primeras, según explicó, se detallan los procesos con sentencia ejecutoriada. En las dos restantes figura una aclaración de la Contraloría, que, según él, no fue tomada en cuenta por el TSE durante su evaluación.

De acuerdo con la norma vigente, uno de los requisitos para ser candidato es no tener pliegos de cargo ejecutoriados ni sentencias penales condenatorias pendientes de cumplimiento. El documento que respalda este punto es la solvencia fiscal emitida por la Contraloría General del Estado.

Elecciones

La Alcaldía de El Alto, en un informe anterior, informó que Dunn aún tiene deudas pendientes, lo que fue uno de los factores que derivaron en su inhabilitación.

“Hoy, más que nunca, estamos con más ganas de continuar en el proceso electoral. Nada nos va a parar”, reclamó Dunn.

El equipo jurídico de Dunn apelará la decisión del TSE dentro de los plazos que el procedimiento les permite.