"Un septiembre muy triste, un septiembre muy indignante para los cochabambinos, pensábamos que el tema mochilas podía ser un tema aislado, sin embargo por todos los indicios a los que nos enfrentamos, es una generalidad y es que el proyecto Demócrata en Cochabamba prácticamente ha desfalcado nuestra alcaldía, la ha dejado en un déficit importante por hechos de corrupción", aseveró en una entrevista en Bolivia TV.   

La concejala insistió en que la alcaldía de Cochabamba quedó desfalcada y señaló que la gestión de Leyes dejó un "déficit importante" por los presuntos hechos de corrupción de los que se acusa a la autoridad suspendida no afín al gobierno; sin embargo los opositores calificaron este hecho como una cacería y una guerra contra las autoridades que cuestionan al oficialismo.   

Molina observó que tras los casos Mochilas I y II, por los que Leyes guarda detención domiciliaria y que aún están siendo investigados, ahora viene una nueva denuncia por la compra irregular de cámaras de seguridad.   

Es un "escándalo millonario de estafa", manifestó. De acuerdo a la legisladora municipal, no solo por un supuesto sobreprecio sino por irregularidades en la adquisición de cámaras y todos sus implementos en el proyecto denominado "Ciudad Segura". Hecho que fue denunciado por el Viceministerio de Transparencia.

"Hay indignación en Cochabamba porque nos hemos enterado a través de las investigaciones y las denuncias que han sido captadas por el Viceministerio de Transparencia, que Cochabamba una vez más ha sido desfalcada por este proyecto, que ha generado un hueco económico al municipio", insistió Molina.   

Según el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, la nueva denuncia penal contra Leyes y sus colaboradores fue presentada ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El Gobierno Municipal de Cochabamba, en las gestiones 2016 y 2017, realizó el proyecto de red digital "Cochabamba, ciudad segura".

De acuerdo a esa investigación, se ejecutaron cuatro procesos de contratación por un monto total de Bs 108 millones para adquirir equipamiento y software; implementación de torres de telecomunicaciones de fibra óptica; el servicio de supervisión al proyecto red digital y el servicio de armado del proyecto.

Según una nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia, el proceso de contratación duró sólo 27 días y de manera preliminar se estableció un daño económico de Bs 29.021.518.