“Vamos a usar todos los recursos que esta justicia podrida tiene”, declaró Dunn en entrevista con El Deber Radio, al referirse a los mecanismos judiciales que prevé utilizar para revertir una posible decisión adversa del TSE. Según explicó, su equipo legal evalúa interponer amparos, acciones de cumplimiento y recursos extraordinarios, incluso a sabiendas de que el sistema judicial no es confiable.

Su abogado, Benjamín Guzmán, detalló que un fallo negativo del TSE sería llevado ante una sala constitucional, lo que obligaría al Tribunal Electoral a suspender temporalmente el proceso electoral hasta que el caso sea resuelto, según establece la normativa vigente. “La ley es clara: mientras dure el proceso constitucional, no se puede seguir adelante con el proceso electoral”, afirmó.

Dunn denuncia que el informe en su contra fue elaborado por la Alcaldía de El Alto, que le atribuye responsabilidades por contratos como consultor externo. “No tengo deudas con el Estado. La Contraloría me dio un certificado de solvencia fiscal vigente”, sostuvo, señalando que se trata de un intento de eliminarlo políticamente.

El abogado aclaró que los cargos no tienen relación con impuestos ni delitos, sino con informes técnicos no presentados por otras personas y por los que él figura como responsable solidario.

A pocos meses de las elecciones, el caso de Dunn vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la transparencia del proceso electoral, la independencia del sistema judicial y los obstáculos que enfrentan candidaturas no alineadas con las estructuras tradicionales de poder.

“Nosotros no tenemos padrinos, no llamamos al presidente ni negociamos con nadie. Solo vamos a pelear con lo que la ley nos permite”, remarcó Dunn, que no descartó que un recurso constitucional pueda postergar el calendario electoral si es inhabilitado.