Existe coincidencia de criterios respecto a que el sistema democrático sigue siendo el modelo político a lograr en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, se trata de un gobierno de todos y para todos en igualdad ante la ley. Significa, en el terreno de las declaraciones formales, la convivencia civilizada entre  los representantes de las organizaciones políticas de un país, sobre la base de propuestas sometidas a votación, donde la minoría se somete a la mayoría vencedora. Este estado de derecho resulta difícil de lograr con plenitud por las características que rodean a la misma historia de la Conquista y el Coloniaje del continente americano, y por la propia lucha de los pueblos por su independencia. En continuo estado convulsivo, los pueblos de la región han tenido escasas oportunidades para ejercer y gozar la democracia.
 
Conviene asumir que en Bolivia la recuperación del estado democrático ha tenido ribetes épicos. Podría afirmarse que este retorno solo ha sido posible gracias al sacrificio de la ciudadanía y dirigencia consciente y comprometida con los valores humanos. Resulta oportuno señalar que la trayectoria histórica nacional ha estado plagada de modo tradicional por golpes de estado, asonadas militares y “revoluciones” desde el mismo momento de su nacimiento como república independiente. Por otra parte, la permanente dependencia política y económica del país ha condicionado su capacidad de autogobierno y el desarrollo institucional. Con esos antecedentes, la vigencia del estado de derecho en el país constituye un auténtico desafío colectivo que exige mayores esfuerzos para el desarrollo y pleno ejercicio del mismo.
 
Si se acepta posible la perfectibilidad del estado de derecho, conviene admitir que tal solo puede lograrse si la dirigencia política hace suya la misión de un gobierno de todos para todos con participación plena. En el terreno de los hechos, el ejercicio consciente de la democracia muestra una realidad cotidiana donde se constata la necesidad de hacer las cosas cada vez mejor, especialmente si se pretende el bienestar colectivo en el contexto de la normativa jurídica legal acorde con el sistema. En otras palabras, resulta decisiva una participación militante de la ciudadanía para elegir a sus representantes con conocimiento de causa, transparencia y equidad. Si la peor democracia es preferible a la mejor de las dictaduras, resulta un imperativo asumir que la democracia solo puede mejorarse si existe tal convicción.
 
Si bien la búsqueda de un estado de derecho que responda satisfactoriamente a las necesidades de la población implica consecuencia y conciencia política, también se hace preciso que el ejercicio de la democracia se manifieste de manera coherente. En primer lugar, se requieren partidos políticos institucionalizados y profundamente democráticos, en teoría y práctica, con dirigencia emergente de elecciones claras y ampliamente participativas. Así también se logran gobiernos democráticos. Si la democracia implica lucha cotidiana por su perfectibilidad, se hace urgente que la ciudadanía se empodere de la misma no solo para ejercer sus derechos sino también para responder por sus deberes. En tal contexto, conviene recordar la historia de la democracia en Bolivia para defenderla y construir el futuro, en el entendido que nadie puede arrogarse derecho propietario sobre la lucha por el bien común.

Si la democracia implica lucha cotidiana por su perfectibilidad, se hace urgente que la ciudadanía se empodere de la misma no solo para ejercer sus derechos, sino también para responder por sus deberes. En tal contexto, conviene recordar la historia de la democracia en Bolivia no solo para asumir su defensa, sino también para construir el futuro.