La polémica estalló después de que Tomás Monasterio, vocero de Quiroga, insinuara vínculos entre la campaña de Unidad y el narcotráfico, argumentando la inclusión en sus listas de la hija de un hombre condenado en Estados Unidos por ese delito. Horas más tarde, el diputado masista Rolando Cuéllar sumó otra acusación, pidiendo la anulación de la personalidad jurídica de Unidad por un presunto financiamiento ilícito.

Frente a estos señalamientos, Unidad respondió con un comunicado en el que tachó de «delirante» la denuncia de Cuéllar y alertó sobre una aparente coordinación entre ambos frentes. «Tutistas y masistas se alían para frenar el cambio que representa Samuel, un empresario que rechaza la reelección indefinida y la judicialización de la política», señaló el texto.

La alianza acusó a sus detractores de intentar «perjudicar al candidato más popular» y aseguró que su objetivo es «erradicar a los mercenarios y corruptos que por 20 años han operado con impunidad». Con este enfrentamiento, el escenario político se recalienta, mientras Unidad se posiciona como una alternativa que desafía a los partidos tradicionales.

El clima de tensión marca un nuevo capítulo en la carrera hacia las elecciones, donde las acusaciones cruzadas podrían intensificarse en los próximos días.