En un estado de completa enajenación política, el régimen ha dado sobradas pruebas de que estaría dispuesto prácticamente a todo, con tal de atornillarse al trono y, tratar en la medida que le sea posible, de retardar rendir cuentas de su orgía de poder por sus 12 años de su “doctrina Morales” de meterle nomás (contra todo, incluyendo su propia CPE y leyes, además del sentido común).

La última es su Ley de Organizaciones Políticas que prueba aquella de Lincoln: “La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores”, pues más allá de sus lindos versos, se trata de otra estrategia envolvente mañosamente sacada del sombrero de mago, para desesperadamente maquillar la ilegítima (por donde se la vea) candidatura de su jefazo y de taquito, complicar las otras.

Así las cosas, existe una legítima preocupación ciudadana acerca si el fantasma de la “Venezualización o Nicaragualización” de Bolivia o fuera peor, “Cubanización”, ha dejado de ser tal, para convertirse en una funesta probabilidad, pues todos esos regímenes dictatoriales hasta por sus poros y sus caudillos no han reparado, incluso, en masacrar a sus ciudadanos, con tal de mantenerse en el poder, sin importar los costos.

¿Habrá una salida razonable que permita anticiparnos a ese desastre? Sostengo que, internamente, desde el régimen, no habrá, pues reitero, está completamente enajenado, dada su vena totalitaria y populista. Cabría confiar en el poder de movilización de nosotros, los ciudadanos, pues ya se le ha dado buenas muestras, recuerden por ejemplo lo sucedido con el Código del Sistema Penal y otras previas, que hicieron recular al régimen, aunque existe la posibilidad –ojalá no ocurra– de la violencia: ¿Cuántas víctimas ya lleva en su siniestra cuenta el uso arbitrario y desproporcionado del poder gubernamental? Prácticamente todas impunes –por el momento– gracias a sus juristas del horror…

Entonces, conforme he venido sosteniendo en este espacio de opinión, como devoto de la democracia y del sistema internacional de DDHH, insisto en que la salida pacífica y civilizada, tendría que venir desde la comunidad internacional, vía OEA y su Sistema Interamericano. Estoy de acuerdo con quienes –a la vista de los desastres venezolanos y nicaragüenses– no se hacen muchas ilusiones, pero creo que precisamente esa constatación debiera servir para evitar repetir aquellas debilidades del sistema, tratándose del caso boliviano.

Urge que la oposición despliegue sus contactos internacionales para que sea desde la Secretaría General de la OEA o sus organismos previstos en el Capítulo X de su Carta o de un estado o grupo de estados amigos, como por ejemplo el Grupo de Lima, creado para tratar la crisis venezolana; se formule un pedido de Opinión Consultiva ante la Corte IDH, con base al art. 64 de la Convención Americana de DDHH, sobre los alcances de su art. 23 en relación al esperpento jurídico de la SCP No. 084, confeccionada a la medida del régimen, por sus juristas del horror.

Esa opinión –por el pacta sunt servanda– es obligatoria para todos los estados que le han reconocido esa competencia a la Corte IDH, y Bolivia lo hizo taxativamente (Art. 3 de la Ley No. 1430), y el estado plurinacional ha dejado expresamente vencer el plazo para denunciar y/o renegociar ese instrumento, según se reservó en su CPE (DF 9ª).

¿Qué tampoco el régimen acataría esa OC? Fuera su tiro de gracia, pues en próximos meses se emitirá la sentencia por el tema marítimo con Chile desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y ambos tribunales –la CIDH y la CIJ– operan según el pacta sunt servanda –lo tratado obliga–; no podríamos reclamarle a Chile cumplir con una eventual sentencia –estimo, con matices, favorable a nuestra causa– y negarnos con alguna estrategia envolvente, a cumplir esa OC; el régimen quedaría en su laberinto, y urge que la oposición y los ciudadanos podamos introducirlo, pues está cada vez más inerme ante el poder ciudadano y de la comunidad internacional. “Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida”. Marcel Proust.