La disputa por las autonomías territoriales en Bolivia es de larga data y constituye una de las tensiones irresueltas de la historia larga. Ese itinerario contra el centralismo adoptó, en el período reciente, la bandera de las autonomías departamentales. Siendo ciertamente una demanda genuina y legítima, fue aprovechada y distorsionada por cierto liderazgo regional, en especial de Santa Cruz, para intentar abortar el proceso constituyente. Así surgió la fallida agenda del “proceso estatuyente”.

El atajo es conocido. Se inició el 2 de julio de 2006 con un referéndum, activado por iniciativa popular, orientado a dar mandato vinculante a la Asamblea Constituyente, cuyos miembros fueron electos el mismo día, “para establecer un régimen de autonomía departamental”. Los tres departamentos del oriente del país y Tarija votaron mayoritariamente por el Sí. En los otros cinco departamentos se impuso el No, aunque tres años después, en diciembre de 2009, aprobaron el ingreso al nuevo régimen autonómico.

Para avanzar en el proceso, tanto la Constitución Política como la Ley Marco de Autonomías establecen como requisito la elaboración y aprobación de estatutos. Aquí hubo otro quiebre. Las élites de los cuatro departamentos (la “media luna”) que optaron por el Sí en 2006 produjeron estatutos ad hoc y los aprobaron en 2008 en consultas ilegales organizadas sin el aval de la ex Corte Nacional Electoral. Los otros cinco departamentos, una vez más, quedaron rezagados. Hasta el referéndum de 2015.

Hace tres años, solo Pando y Tarija contaban con estatutos autonómicos en vigencia tras haber logrado el control de constitucionalidad. El estatuto cruceño estaba paralizado por la resistencia a compatibilizarlo con la Constitución. Y el de Beni seguía empantanado –y así continúa– en su Asamblea Departamental. En ese marco, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca tenían la enorme posibilidad de asumir la vanguardia del proceso con la aprobación de sus estatutos, pero ganó la consigna del No.

En el referéndum de septiembre de 2015, diferentes autoridades, partidos y organizaciones de la oposición convocaron a rechazar los estatutos departamentales bajo el supuesto de que así darían un “voto castigo” al Gobierno. Algunos, como el gobernador paceño, Félix Patzi, aseguraron incluso que “bastarían dos meses” para consensuar un nuevo estatuto. Se equivocaron. Tres años después no hay estatutos, sino parálisis en el rumbo autonómico departamental. No perdió el Gobierno, ganó el centralismo.