Una ley contra la mentira es un deseo de su Excelencia, una iniciativa que ha recibido críticas porque se ve la misma como restrictiva a un derecho fundamental; el de la libre expresión además el acceso a la información que al ser difundida por los medios de comunicación debería estar autorregulada. Los periodistas siguen un código de ética vigente en cada empresa.

Antes de comenzar la tarea de ablandamiento de la sociedad para que acepte la norma contra la mentira, lo que deberíamos trabajar –con seriedad– es una ley de acceso a la información. Con ella los políticos, los periodistas, cualquier ciudadano interesado en algún tema, tendrían los insumos necesarios para que la noticia publicada o el comentario emitido tengan sustento en una información responsable. Regularía el trabajo en los medios estatales que son bien público y no partidario.

Se afirma en el país, al igual que lo hace el presidente de los EE.UU, Donald Trump, que existen medios que mienten; y por lo general se los identifica como opositores al régimen. Qué extraña coincidencia entre dos realidades de poder, de base ideológica contraria y de perfil antagónico entre los líderes de ambas naciones. El periodismo no puede ser obsecuente al poder, el periodismo debe ser crítico, debe generar incomodidad porque está obligado a defender al ciudadano de los excesos del poder, tanto en el ámbito económico, social y político.

Hace años que la verdad es objeto de calumnias, no es de esta época. Hace años que desde el poder se busca crear una verdad vendible a los ciudadanos y sobre esa base deshacerse de los contrarios, de enemigos creados. Lo hizo Hitler, también en la ex URSS, Franco y Mussolini en sus respectivos países. Cuando las libertades son recortadas, cuando el discurso no coincide con la práctica, la enemiga es la verdad y los encargados de difundirla; con un objetivo: que no haya disenso.

Quién va juzgar qué es verdad y qué no. Un ejemplo para graficar los peligros. El Presidente en una entrevista periodística afirmó que los miembros del Tribunal Supremo Electoral le informaron que habría elecciones primarias en enero del 2019. Luego conocimos que ellos dijeron que no proporcionaron esa información. ¿Quién dice la verdad? ¿Miente el periodista?

Lo cierto es que el proyecto de Ley de Partidos Políticos no incorporaba primarias en enero. Si se cambió en la Asamblea Legislativa es porque hubo una decisión política que activó la mayoría en ese Órgano.

El político por esencia de su actividad no dice todo lo que sabe o piensa hacer. Los periodistas responsables pueden investigar e informar a su público, pero con el riesgo que lo demonicen con el espíritu de esa ley deseada por el Primer Mandatario. El no mentir es parte de un proceso educativo que requiere de una práctica en el aula como en la familia, en la institucionalidad democrática o revolucionaria aceptada libremente.

El autor es periodista