El compromiso rumbo al 17 de agosto es que se lleven a cabo unas elecciones plurales, transparentes, imparciales, pacíficas y libres de injerencias, donde los bolivianos en el país y en el extranjero puedan ejercer su derecho a elegir a nuevas autoridades. El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen garantizadas las presidenciales, pese a la conspiración del evismo, y el proceso se afianza con la implementación de un paso clave para brindar certidumbre y transparencia: la puesta en marcha del Sirepre.

El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) validado por la Ley 1632, promulgada el 6 de junio por el presidente Luis Arce, permitirá aplicar un procedimiento que generó dudas por su mal manejo en 2019 —lo que sirvió de excusa para el golpe de Estado— y fue descartado en 2020: un sistema de conteo rápido mediante el cual se permitirá a la ciudadanía, las candidaturas y las tiendas políticas la información de los resultados electorales provisorios y no vinculantes previo al cómputo oficial y definitivo del TSE.

La norma hace énfasis en el carácter preliminar de estos resultados, que se regirán bajo los principios de seguridad, publicidad y transparencia, confiabilidad, credibilidad y certidumbre. El sistema se activará a partir de las tres horas del cierre de la votación, a través de formatos y la aplicación de procedimientos técnicos transparentes y seguros de captura y digitalización que transmitirán los resultados a un centro de datos del Órgano Electoral Plurinacional, que deberá publicarlos de manera periódica y continua.

Este fue uno de los pactos de febrero en la Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional por la Democracia. El Sirepre fue diseñado por técnicos del TSE y, para la transmisión de información, requerirá el trabajo de 9.000 personas dispersas en las 35.600 mesas de votación del país. Además tendrá su primer simulacro real el lunes 7 de julio, y otro entre el domingo 20 y el miércoles 30, con la presencia de los representantes de los partidos políticos, de los observadores internacionales y de los medios de prensa.

De esta forma, el proceso electoral avanza superando obstáculos como los recursos judiciales contra tiendas políticas y candidatos, que fueron rechazados pero evidencian la necesidad de que el Legislativo apruebe de una vez la ley que blindará el principio de preclusión; y la conspiración de Evo Morales por acceder a una candidatura prohibida por la Constitución y dos fallos constitucionales, con violentas protestas que dejaron seis muertes y con amenazas a la realización de los comicios en el Chapare y El Alto.

La vocación democrática del pueblo boliviano va venciendo a quienes no quieren las presidenciales, con el respaldo del Gobierno en cuanto a la provisión de recursos para las actividades electorales y la garantía de resguardarlas para que se implementen sin sobresaltos. Bajo este marco, el TSE ya avanzó con más del 60% de su calendario, sin retrasos y reafirmando que los bolivianos asistirán a las urnas con certidumbre y transparencia, para lo cual el Sirepre jugará un papel vital de la mano de la tecnología.