Isaac Mauricio, asesor jurídico de la comuna alteña, detalló que, de 33 procesos legales en contra de Dunn, seis fueron declarados «no probados», pero el resto tiene sentencias ejecutoriadas o están en curso. «Mientras exista un proceso activo, el requerimiento de pago sigue vigente«, explicó Mauricio, añadiendo que la Contraloría General del Estado será la instancia que determine su solvencia fiscal.

Frente a estas acusaciones, Mauricio Saavedra, dirigente de Renovación de NGP, defendió al candidato y aseguró que Dunn «cumplió con todos los descargos y cancelaciones», incluso en casos donde no tenía responsabilidad directa. «Confiamos en que el TSE nos dará luz verde», declaró Saavedra a Urgente.bo, aunque criticó el plazo ajustado de la resolución: «Que respondan este martes genera más dudas en la población».

La polémica surge en medio de la campaña electoral, donde la solvencia fiscal es un requisito clave para los aspirantes a la Presidencia. La decisión del TSE marcará el rumbo definitivo de la candidatura de Dunn, en un contexto de creciente escrutinio público.