Zulema Alanes, presidenta de la ANPB, informó a EL DEBER que el acuerdo se concretó el pasado jueves 26 de junio, durante una reunión entre autoridades del Órgano Electoral, representantes de las asociaciones departamentales de periodistas y voceros de una coalición de unas 200 organizaciones de la sociedad civil.

“El director del SIFDE (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático), Omar Santa Cruz, nos confirmó oficialmente que podremos participar como asociaciones de periodistas, dando continuidad a la tradición de debates presidenciales en un formato que garantice la presencia de todos los candidatos habilitados”, indicó Alanes.

Pacto con empresarios

Hasta ahora, no se ha concretado ningún debate presidencial con todos los postulantes. Como primer paso para viabilizarlos, el 24 de junio el TSE firmó un convenio con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para organizar dos debates antes de la jornada electoral.

Este acuerdo fue cuestionado por actores políticos, representantes de la sociedad civil y periodistas, quienes observaron la exclusión inicial de los medios de comunicación, tradicionalmente promotores de estos eventos de interés para tomar decisiones. 

“Defendemos la libertad de expresión y el derecho a un voto informado. Por eso, el debate presidencial no puede restringirse ni acordarse solo con un sector”, sostuvo Alanes.

El convenio con los empresarios ya contempla fechas tentativas: el primer debate sería el 2 de agosto (15 días antes de los comicios) y el segundo, el 10 de agosto. Sin embargo, el vocal del TSE Gustavo Ávila aclaró que se trata de un memorándum de entendimiento que permitirá incorporar a otras entidades, como la ANPB, que “nunca fue excluida”, según precisó.

“Ellos nos remitirán una lista con un periodista por departamento para formular las preguntas del debate. Estamos definiendo los ejes temáticos con la ANPB y la CEPB, con base en encuestas y las demandas ciudadanas”, agregó la autoridad electoral. 

Con los periodistas

De forma coincidente, tras la reunión entre la ANPB y el TSE, Alanes adelantó al Grupo EL DEBER que se acordó organizar dos debates presidenciales en agosto, uno a principios del mes y el otro a pocos días de la jornada electoral. No habló de fechas específicas.

Eso sí, uno de los debates se realizará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el otro en la ciudad de La Paz. Y ambos se ejecutarán bajo un estricto formato con las siguientes características: garantizar la presencia de todos los candidatos a la presidencia en los dos debates y garantizar la igualdad en la participación de todos los candidatos, aspectos que serán detallados por el Sifde.

De su lado, la ANPB con sus afiliados se ocupará de que el evento tenga una amplia cobertura en medios televisivos, radiales y multiplataformas con transmisiones en directo, emprenderá una cruzada contra la desinformación que inunda las redes sociales, y hará un seguimiento de las promesas electorales de los candidatos entre otros puntos.

Formato y cobertura 

Al concluir la reunión con el TSE, Alanes confirmó que los dos debates se desarrollarán en agosto, uno en Santa Cruz y otro en La Paz. Aunque aún no se fijaron las fechas definitivas, adelantó que ambos encuentros seguirán un formato estricto que garantice la participación equitativa de todos los candidatos habilitados.

La ANPB se encargará de garantizar una amplia cobertura mediática en televisión, radio y plataformas digitales con transmisiones en vivo. También impulsará una campaña contra la desinformación en redes sociales y hará seguimiento a las promesas electorales de los postulantes.

Ley de debate, estancada 

Mientras se avanza en la organización de los debates, continúa paralizado en el Senado el proyecto de ley que los volvería obligatorios. La iniciativa fue presentada por el TSE en febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de marzo. El 3 de junio, la Comisión de Constitución del Senado dio su visto bueno, pero desde entonces la normativa permanece sin tratamiento en el pleno.

La responsabilidad de agendar la ley recae en la directiva camaral, presidida por Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y también candidato a la presidencia por la Alianza Popular. Han pasado ya cuatro semanas sin que se incluya en el orden del día para su sanción final.

Precisamente, fue Andrónico quien no participó del reciente foro del agro, cuyo contenido estuvo ligado a demandas del sector.