El asesor legal de Dunn, Benjamín Guzmán, explicó que hicieron una solicitud formal al municipio para obtener la certificación sobre cuentas pendientes y procesos fiscales. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna. Por esta razón, se vieron obligados a iniciar un proceso judicial para el desarchivo y la emisión del certificado. Guzmán reconoció que, aunque algunas instancias cumplieron con los plazos procesales, la burocracia ha complicado el trámite.
Obstáculos adicionales
Además de los problemas con la solvencia fiscal, Guzmán mencionó que la candidatura ha enfrentado otros tres obstáculos significativos. En primer lugar, hubo intentos infundados de vincular a Dunn con un presunto golpe de Estado. Sin embargo, la justicia no encontró ninguna evidencia que lo relacionara con este asunto.
En segundo lugar, se presentaron denuncias falsas sobre una supuesta militancia de Dunn en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Estas denuncias fueron desmentidas después de comprobar que ni la firma ni la huella digital correspondían a él.
Finalmente, se alegó una supuesta intervención irregular del Ministerio de Justicia, a través de la unidad de Transparencia Institucional, que retrasó el trámite para obtener la solvencia fiscal. Esto afectó los plazos establecidos para la candidatura.
Avances en la candidatura
A pesar de todas estas dificultades, Jaime Dunn logró presentar su certificado de solvencia fiscal ante el TSE y continúa avanzando en su proceso de inscripción para las próximas elecciones generales.
Cumplimiento de requisitos legales
El asesor legal aseguró que se han cumplido todos los requisitos legales y que no hay motivos para observaciones en la candidatura. “Cuando hay seguridad jurídica y respeto a la ley, no debe haber observaciones. El procedimiento fue correcto, realizado bajo la lupa de la ley, y las autoridades deben respetarlo y actuar en consecuencia”, afirmó.
Autoridad competente
Guzmán recordó que la Contraloría General del Estado es la única autoridad competente para certificar la situación fiscal de los candidatos, según la Constitución Política del Estado y la Ley 1178.
