El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, afirmó este jueves que el retraso en las elecciones judiciales es un “aspecto negativo para la salud de la democracia boliviana” y llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a entablar un “gran acuerdo nacional” para garantizar los comicios.

En el acto de su rendición de cuentas, que se realizó en La Paz, Vargas recordó que las elecciones judiciales debían desarrollarse el 2023; sin embargo, la ALP no pudo completar el proceso para la preselección de candidatos.

Así, el proceso se encuentra paralizado, “aspecto que es negativo para la salud de la democracia boliviana”, aseveró.

En ese sentido, Vargas llamó a que el proceso de las judiciales se reencamine en la ALP “en base a un gran acuerdo nacional” en el que las fuerzas políticas depongan sus actitudes partidarias y “se piense en la institucionalidad del país”.

El Presidente en oficio del TSE, en esa línea,  afirmó que el Órgano Electoral realizó “todo lo indispensable” para garantizar la realización de las elecciones judiciales, aunque recordó que todo dependía de que la Asamblea remita la lista de precandidatos.

Mencionó que se elaboró un plan de desarrollo, se realizó actividades de planificación y talleres para ajustar el calendario electoral conforme a los plazos tentativos de la Asamblea Legislativa.

Las elecciones judiciales sufrieron dos grandes escollos. El primero, el 12 de abril, cuando el ciudadano Miguel Ángel Balcázar presentó un recurso ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que frenó el proceso.

El segundo fue el 27 de abril, cuando el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria. El TCP falló el 31 de julio y dejó en fojas cero todo el proceso.

Ante ese panorama, el Senado aprobó una nueva Ley de las Elecciones Judiciales; sin embargo, cuando la misma era tratada en una Comisión de Diputados, fue derivada a consulta a diferentes instancias, entre ellas al Tribunal Supremo de Justicia (TSE), cuya Sala Plena la pasó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de una consulta de constitucionalidad.

Así, finalmente, el pasado 12 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

El TCP también declaró inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los plazos establecidos en el Proyecto de Ley.

Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según  marca la Constitución.