El titular de esa cartera de Estado, Diego Jiménez, explicó las irregularidades que van desde la contratación para la adquisición de cámaras de seguridad, torres de control y software, hasta el sobreprecio en todo este proceso.

Ante la evidencia, dijo que se presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

“Estamos hablando de un hecho de corrupción mucho más grave que el tema de las mochilas, es un megahecho de corrupción en el municipio de Cochabamba. Es una instrucción del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, que todo hecho de corrupción en Bolivia sea investigado y sancionado en cumplimiento al mandato del presidente Evo Morales de cero tolerancia a la corrupción”, afirmó en conferencia de prensa.

Las personas denunciadas e involucradas son el suspendido alcalde Leyes; la directora de Seguridad Ciudadana, Velka Krelac García; el secretario municipal de Finanzas, Diego Bernardo Moreno; el secretario municipal de Desarrollo Humano, Marcos Cuevas Gutiérrez; el director Administrativo y de Bienes Municipales, Óscar Baptista; el director de Tecnologías de Información y Comunicación, Marko Bascopé Maida; el jefe del Departamento de Activos Fijos Muebles, Ricardo Zelada Aguirre, entre otros.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en las gestiones 2016 y 2017 realizó el proyecto red digital “Cochabamba ciudad segura”. Dentro de éste se ejecutaron cuatro procesos de contratación por 108 millones de bolivianos para la adquisición de equipamiento y software; implementación de torres de telecomunicaciones de fibra óptica; servicio de supervisión al proyecto Red Digital Municipal Cochabamba; y servicio de armado de exposición del proyecto. El proceso duró 27 días, tiempo récord para contratar una empresa con invitación directa. 

“Debemos señalar que, en primera instancia, dentro de las irregularidades procesales se ha incumplido la Ley 264, que es la Ley de Seguridad Ciudadana que les da la facultad a los municipios de hacer proyectos de inversión en seguridad ciudadana e incluso hacer inversiones y contrataciones directas, pero bajo reglamentación específica”, detalló.

Dijo que además del irregular procedimiento de contratación e incumplimiento de leyes, se dio un sobreprecio. De las investigaciones preliminares se estableció a la fecha un daño económico de 29.021.518 bolivianos, respecto a los ítems con sobreprecio de los procesos de contratación, adquisición de equipamiento y software con la empresa Huawei Bolivia SRL, y torres de telecomunicaciones con la empresa Hansa Ltda.

“Estos temas tienen que investigarse, se harán las pericias técnicas necesarias, desconocemos si aparte de los sobreprecios se cumplieron con las especificaciones técnicas de lo que supuestamente han comprado, no existen documentos, no hay un acta de recepción”, aseveró.

El Viceministro lamentó que se denuncie otro caso de corrupción que involucra a militantes del partido de los Demócratas en ese municipio.