El vocal Gustavo Ávila, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenta que trabaja hace más de 20 años en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sostiene que esta es la elección más difícil que vio, debido a la coyuntura social, económica y política que vive Bolivia.

En entrevista con Visión 360, el vocal Ávila se refiere al TREP, que estará vigente en los comicios; al reciente encuentro multipartidario e institucional que impulsó el TSE; a los ataques a ese organismo; y a su postura de que no retrocederá ante las amenazas que haya en contra de la institución.

Esta debe ser una de las elecciones más complicadas que debe organizar el Órgano Electoral. ¿Qué cosas deberían cambiar a futuro para que escenarios como el actual  se puedan evitar o manejar mejor? 
Trabajo por más de 22 años en el Órgano Electoral y esta es mi elección número 28 y sí,  definitivamente es la elección más difícil que vi, por la coyuntura social, económica y política que está atravesando el país.

La justicia y el Tribunal Constitucional son elementos que, en realidad, han complejizado estos comicios, entre otros elementos.

Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 018 indica que el TSE toma decisiones en materia electoral. Sin embargo,  si están relacionadas con un derecho constitucional, entonces debemos acatar las órdenes del Tribunal Constitucional. Es decir, nuestra misma Ley del Órgano Electoral nos supedita a esa instancia.

Por eso, cuando en estos días  algunos actores políticos reclaman por qué el TSE no hace respetar su competencia, la respuesta es porque no podemos incumplir la ley. Si yo lo hago (incumplir la ley), primero estoy dando un mal ejemplo como autoridad y segundo, estoy cometiendo un delito. Y, en  tercer lugar, estaríamos rompiendo el Estado de Derecho.

Entonces, una de las principales tareas, culminado este proceso electoral, y con las nuevas autoridades legislativas, es hacer un cambio a la normativa.

Por otro lado, si bien este año han sido más fuertes las críticas al trabajo del TSE, la realidad es que la situación que atraviesa el  Tribunal Electoral no es tan nueva como se cree. En las elecciones de 2020 también hubo acusaciones muy directas sobre parcialización. 

Una de las principales tareas, culminado este proceso electoral, es hacer un cambio a la normativa.

Esperemos que la Asamblea cumpla, le pedimos una sola cosa: que aprueben el crédito japonés.

¿Por qué hay esos ataques al TSE y no a las otras instancias judiciales? 
Porque los actores políticos, de manera irresponsable, tratan de dañar la imagen del Órgano Electoral, sin darse cuenta de que el daño es profundo.

Por ejemplo, yo considero que en 2019 no se dañó tanto la imagen de personas, se afectó a la institucionalidad democrática. Lo que ocasionó el proceso de ese año es la creación de una sombra de duda en el proceso electoral; primero en el padrón electoral con anticipación y, después, en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En ese caso, fue un error de esa sala plena cortar el TREP, lo que  generó más susceptibilidad y más duda. Y desde el 2020, lo que yo considero un error, no se volvió a utilizar el sistema, pero ahora lo vamos a hacer. 

¿Qué hicieron para combatir eso?
Hemos abierto las puertas del Órgano Electoral. Si las organizaciones políticas, comités cívicos, plataformas tienen dudas sobre el padrón electoral, ¿por qué no hacen caso a nuestra invitación? ¿Por qué no vienen cuando los invitamos y les decimos: “aquí está el padrón, revísenlo”?

Los partidos no lo hacen porque  es una línea discursiva que, tal vez, les pueda servir para el tema político. Pero, lo que le están haciendo es un daño a la institucionalidad.

Para combatir eso, y tener otra vez la confianza del ciudadano, hemos abierto nuestras puertas. Cualquier ciudadano, plataforma, comité cívico, universidad, organización política... vengan, revisen el padrón, analícenlo y, si identifican que hay errores, háganlo público.  No tenemos ningún problema.

Eso también lo haremos en las elecciones. Hemos visto, por ejemplo, que se está formando una asociación de Cuidemos el voto; que vengan a revisar el padrón, junto con Ríos de Pie, la organización de Marcelo Claure. Y hemos invitado a más de 17 misiones de observación electoral internacional.

En el discurso del IV Encuentro Multipartidario, el doctor Óscar Hassenteufel  utilizó una frase que quiero repetir: No tenemos miedo  que revisen el padrón, porque estamos seguros de nuestro trabajo.

¿Se están cumpliendo los compromisos del encuentro?
Primero, hay que explicar  cómo llegamos al cuarto encuentro multipartidario. Tuvimos tres anteriores, pero  hay  una institución que no ha cumplido su tarea: la Asamblea Legislativa. En el tercer encuentro multipartidario, nos habían solicitado remitir un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa: la Ley del TREP, de Preclusión, de Debates, de Binomio Presidencial y la aprobación del crédito japonés, pero  ninguna se aprobó.

Recién, hace una semana,  se aprobó la ley del TREP, pendiente desde febrero, pese a que se comprometieron a hacerlo rápido. Ninguna más.

Ahora, ha pasado una semana ya de ese encuentro multipartidario y las organizaciones políticas se han comprometido a acreditar delegados técnicos para revisar el padrón, cosa que hasta ahora no lo han hecho.

Hay que reconocer que la del encuentro es la única convocatoria que decidimos lanzar por esta crisis que estaba pasando el Estado, que es aceptada por todos los actores y todos los órganos, porque reconocemos que el pueblo boliviano siempre ha buscado la pacificación a través de las urnas, a través de la democracia.

La institución más vapuleada, el Tribunal Constitucional, es la que más cumplió sus compromisos.

Decidimos invitar a instituciones clave, que han jugado un rol fundamental en el proceso: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Y los últimos hechos ocurridos con la justicia, en la semana pasada, nos han dado la razón. ¿Por qué los hemos querido sentar en el cuarto encuentro multipartidario? Porque era necesario que ellos, de cara a Bolivia, se comprometan con el proceso electoral.

En ese sentido, quiero destacar algo: la institución más vapuleada, más atacada fue el Tribunal Constitucional, pero resulta que es la que más cumplió sus compromisos.

En las gradas de esta institución (TSE), el presidente del Tribunal Constitucional -Gonzalo Hurtado-  indicó que no vamos a suspender el calendario electoral, que vamos a analizar las acciones y que las elecciones se van a realizar el 17 de agosto y lo cumplieron.

Ahora, esperemos que esta semana (pasada) la Asamblea Legislativa cumpla, ya que le pedimos una sola cosa, que aprueben el crédito japonés. Incluso les dijimos que ya no necesitamos la aprobación de las leyes,  porque ya estamos a mitad del proceso electoral. Necesitamos divisas para pagar el voto en el exterior,  nada más. Tenemos el presupuesto en moneda nacional que el Órgano Ejecutivo nos asignó, pero usted y la ciudadanía tienen que comprender que para pagar los servicios, material y el voto al exterior necesitamos divisas, que es algo que venimos solicitando  desde el tercer encuentro.

¿Siente que con todo lo que ha sucedido, la justicia toma atribuciones del TSE? ¿O es una falla de la norma?
Es una falla de la norma, ya que si no estuviera en la ley no hubiese ocurrido. Es necesaria una reingeniería.

Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 018 del Órgano Electoral dice que dependemos de las decisiones del Tribunal Constitucional. Eso tiene que modificarse.

Pero también tiene que modificarse, creo yo, la Constitución, que le dio un poder a ese tribunal que está por encima de los cuatro órganos del Estado. Y, por la evaluación que tenemos, eso no puede suceder.

Entonces, necesitamos que las nuevas autoridades legislativas, que se elijan en agosto,  hagan esta modificación, esta reingeniería jurídica, para que esto no vuelva a suceder.

Con la experiencia de 2019, ¿se vio la necesidad de poner en marcha un mecanismo extraordinario para garantizar la custodia electoral?

Hemos incorporado cuatro mecanismos para la transparencia del padrón electoral y el proceso de votación. El primero es que las organizaciones políticas pueden revisar el padrón, pero hasta ahora no lo hicieron.

Entonces, si no vienen, nosotros vamos a ir a ellos. 30 días antes de las elecciones (17 de julio) les vamos a entregar a las organizaciones políticas el listado de los ciudadanos que van a votar, cuidando la identidad de los mismos. Pero ellos van a tener el registro, con nombre, mesa de sufragio y recinto electoral.

Segunda medida, todas las fuerzas políticas  deberán tener delegados de los partidos políticos. En tercer lugar, se le va a entregar la lista de votantes de la mesa a los delegados, para que ellos puedan ir tiqueando los ciudadanos que han asistido a votar. Y con eso se busca eliminar el mito de los muertos que votan.

Y como  cuarta, al momento de que el jurado electoral llene el acta de sufragio, y firmen los delegados con los resultados oficiales, por cinco minutos antes de guardar el acta, el presidente de mesa va a permitir que cualquier ciudadano, delegado, tome fotografías, filme o, si quieren, escanear el documento, pueden hacerlo.

Las principales críticas al TSE surgen de parte de los partidos y fuerzas inhabilitadas, principalmente Evo Morales. ¿Cuál es la situación exacta de Morales? ¿Qué llevó a su inhabilitación? ¿Hay alguna manera que él pueda convertirse en candidato a estas alturas del calendario electoral? 
Hay que aclarar lo siguiente: ningún ciudadano ni partido político puede estar sobre la Constitución y la ley. En ese sentido, hay dos organizaciones políticas que han perdido su personería jurídica, Pan-Bol y Frente Para la Victoria. ¿Por qué? porque la ley establece que una organización política, cuando participa del proceso electoral, tiene que alcanzar mínimamente el 3% de votación, si no, pierde su personería jurídica.

Estas dos organizaciones participaron en la elección de 2020 y obtuvieron 1,5 y 0,5% y se cumplió la ley, pese a lo que dice una actora política, de Pan-Bol, que siempre nos acusa de no cumplir la ley. Lo que debería hacer, si quiere ser sincera con la población, es mostrar su acta de cómputo y demostrar que ha obtenido más del 3%. Ahí demostraría que nosotros hemos infringido la ley, pero si no lo hace, quiere decir que le está mintiendo a Bolivia.

Respecto a los candidatos, todo ciudadano que pretenda participar del proceso electoral tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Por eso, al momento de que las organizaciones políticas han presentado sus candidatos, revisamos carpeta por carpeta y hemos inhabilitado a más de dos mil candidatos que no han cumplido los requisitos. Las organizaciones políticas tenían que tener una carpeta con 11 documentos, pero solo tenían una fotocopia de carnet.

Entonces, ninguna de esas organizaciones políticas presentó a ese ciudadano (Morales) como candidato. Si lo hubiera hecho, hubiéramos revisado y hubiéramos emitido un criterio, de acuerdo a requisitos de la Constitución, de la ley  y, ahora, de las sentencias constitucionales, ya que la Constitución nos dice que una vez que el Tribunal Constitucional emite una sentencia, es de cumplimiento obligatorio.

¿Por qué se inhabilita al partido que tuvo menos del 3% en votación?
Porque es democrático.  Quiere decir que la ciudadanía no apoya esa organización.

Hubo una avalancha de demandas y acciones constitucionales; ¿evitar la utilización de la justicia como arma es uno de los cambios que se debe hacer? 
Sí. Pero, además es resultado de las acciones de los mismos actores políticos. Ellos critican que el Tribunal Constitucional se mete en estas decisiones, pero son ellos  que van a buscar a esa instancia, para presentar demanda, como la mencionada representante de Pan-Bol, que nos dice que estamos sometidos al Tribunal Constitucional, pero ella es la que llevó la demanda a una sala constitucional, no fuimos nosotros.

Como resultado de los problemas con el MAS y Evo Morales, ustedes han recibido amenazas públicas. ¿Cómo es vivir con ese peso? 
Fue un mes bastante intenso. Nosotros también tenemos familia y, obviamente, sienten esas amenazas, se preocupan por nosotros. Pero hay que ser claro y contundente: nosotros tenemos un compromiso con la democracia y con Bolivia. Esas amenazas no nos van a dar temor, no vamos a retroceder.

No nos amenazan solo a nosotros, también amenazan a la democracia.

¿Cuál va a ser la diferencia entre el manejo del TREP ahora y el que fue el 2019? 
La primera es que no es un sistema contratado por una empresa, es el sistema desarrollado por el Órgano Electoral. La segunda diferencia es que vamos a tener un control y un monitoreo permanente por parte de las organizaciones políticas. Y, tercero, el TREP no se va a cortar.

Este es un mecanismo de acompañamiento, no es un cómputo oficial, saca la fotografía del sufragio. No es boca de urna, no es encuesta, pero da certeza y certidumbre a la población, mientras se realiza el conteo oficial.

¿Se suman los votos blancos y nulos?
 No, se suman en cantidad de votos emitidos, pero para el cómputo oficial,  los votos que se computan son los votos válidos. 

¿Hasta cuándo se pueden cambiar candidatos, reemplazar candidatos? 
Por la gran cantidad de inhabilitados hay una gran cantidad de sustituciones que tienen que realizar hasta 45 días antes de las elecciones, que sería hasta el 25 de junio aproximadamente.