El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, denunció a la comunidad internacional el “amedrentamiento” que existe en contra de los miembros del Órgano Electoral por buscar garantizar la realización total de las Elecciones Judiciales y reiteró su pedido para que los vocales del TSE sean incluidos a la Ley 144 y puedan ser procesados por un juicio de responsabilidades y no en la justicia ordinaria.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, Vargas se refirió al pedido del postulante inhabilitado Hugo Vargas, quien exige cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendió parcialmente las Judiciales en cinco departamentos y pide multar con 15 mil bolivianos diarios a los vocales del TSE si es que no acatan el fallo.

“Denunciamos a la comunidad internacional este acto de amedrentamiento contra quienes ejercemos la función electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia.  Por este y otros tipos de amenazas hemos solicitado medidas cautelares a la CIDH”, señaló.

Vargas, asimismo,  enfatizó que el pedido de juicio de responsabilidades para las autoridades electorales “responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad e independencia  del Órgano Electoral Plurinacional”.

La pasada semana, el TCP dispuso declarar desierta la convocatoria a magistrados y magistradas para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando; y para el Tribunal Constitucional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Además, este miércoles el TCP respondió a una solicitud de complementación del TSE y ratificó su decisión inicial.

En respuesta, el TSE rechazó el fallo del Tribunal Constitucional y aseguró la realización de los comicios. Con ese objetivo, convocó a una reunión política el pasado lunes con representantes del Ejecutivo, Legislativo, de organizaciones políticas y otros para recibir un espaldarazo y poder dar continuidad al proceso.

Ese día, los asistentes dieron su apoyo al TSE y se concretó el ratificar la Ley 1549 del 6 de febrero de 2024” (Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024) a fin de blindar las elecciones judiciales.

“Se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024 con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo cual se rechaza enfáticamente la (cuestionada) sentencia constitucional (…) toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión”, señala uno de los puntos de la declaración emitida tras la reunión 'cumbre' celebrada este lunes en La Paz.

No obstante, el abogado Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y principal beneficiario con la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 que paraliza parcialmente las elecciones judiciales, solicitó a la Sala Constitucional Primer de Beni que se imponga multas progresivas de Bs 15.000 por día a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la apertura de procesos penales por desobediencia a la resolución constitucional de continuar con el proceso electoral.

“Al haberse dispuesto la declaratoria de ‘desierta la convocatoria a las elecciones judiciales’ y además de disponer que se emita una nueva convocatoria… estos (los accionados) han decidido no acatar la Sentencia Constitucional 0770/2024, lo cual implica incumplir los artículos 16 y 17 de la ley 254”, indica el abogado en el memorial enviado a la Justicia.