El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, sostuvo que este hecho es “mucho más grave” que las compras de mochilas escolares, y que con esto se observa que Demócratas ha puesto en marcha en Cochabamba una red dedicada de manera de manera sistemática a la corrucpción.

La nueva denuncia es por las adquisiciones de cámaras de seguridad con sus aditamentos y torres de telecomunicaciones con enlaces de fibra óptica, que la Alcaldía realizó en el marco del proyecto “Cochabamba Ciudad Segura”. 

Respecto a las cámaras de seguridad, Jiménez explicó que en ese proyecto la Alcaldía de Cochabamba, teniendo un presupuesto de 14 millones de bolivianos en 2016, contrató de manera directa en tiempo “récord” (27 días) a la empresa Huawei por 69 millones de bolivianos, en dos lotes, uno de más de 64 millones y otro que supera los 4 millones.                              

El Viceministro observó que también el pago del primer lote de 64 millones de bolivianos se hizo en tiempo “récord” el 28 de diciembre de 2016, pero no existe el acta de recepción definitiva, es decir, el documento que certifique que los equipos entregados se adecúan a las especificaciones.

Señaló que además, el Viceministerio realizó cotizaciones de varios ítems de esa contratación y logró establecer que hubo precios “inflados”, como por ejemplo el hecho que se pago 7 millones de bolivianos por 200 cámaras domo, cuando éstas se pueden conseguir a 4 millones. 

Señaló que en la evaluación parcial de los precios en la compra de las cámaras y sus aditamentos, el daño económico es superior a los 22 millones de bolivianos.

Respecto a las torres de telecomunicación, el Viceministro señaló que la Alcaldía de Cochabamba contrató a la empresa Hansa por 38 millones de bolivianos, con similares irregularidades en el tiempo de contratación, habiendo pagado los adelantos el 22 de diciembre de 2016.

Indicó que en el caso de las torres el daño económico calculado es superior a los 6 millones de bolivianos, que sumados a los más de 22 millones de las cámaras, suman los 29 millones que se habría afectado al Estado por parte de la administración de Leyes.

Jiménez infirmó que este viernes se está presentando la denuncia penal por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en contra de José María Leyes, quien está con detención domiciliaria; Velka Krellac, que era directora de Seguridad Ciudadana; Diego Moreno, que era secretario de Finanzas; además de otros 12 funcionarios.

El Viceministro indicó que se dependerá del Ministerio Público determinar si investiga a las empresas.