“Aquí estamos hablando del delito de peculado, es ilegal recibir cualquier privilegio de una empresa que está teniendo un contrato con el Estado, en este caso el Gobierno Municipal de Cochabamba”, aseguró Molina.

El viceministro de Justicia y Transparencia Institucional, Diego Jiménez, presentó hoy la denuncia por un daño económico de 29 millones de bolivianos por la adquisición de equipos de la empresa Huawei Technologies para el programa "Ciudad Segura" durante la gestión del alcalde José María Leyes.

La adquisición no figuró en el Programa Operativo Anual (POA) y la certificación presupuestaria era de 14 millones de bolivianos. “Cuando se acababa de firmar prácticamente el contrato con (Huawei Technologies) pareciera que se dio un regalo que ha recibido la autoridad edil”, agregó Molina.

En este contexto, piden a la alcaldesa temporal Karen Suarez, a la bancada departamental de los Demócratas y al líder de esta organización política, Rubén Costas, que “ayuden” a transparentar todos los hechos de corrupción en la alcaldía de Cochabamba.

“La corrupción ha sido una generalidad en el municipio de Cochabamba. Se ha constituido en la caja chica del proyecto de los Demócratas (...). Prácticamente nos han estafado a los cochabambinos desde el proceso de contratación, hasta la adquisición de las propias cámaras y todos los implementos”, expresó Molina.

Por su parte, la senadora, Carola Arraya, explicó que el proyecto no estaba incluido en el Programa Operativo Anual de 2015 y 2016. “No se puede ni siquiera saber si estas cámaras son las mismas que se encuentran en las especificaciones técnicas, tampoco el funcionamiento y si van a servir para lo que han sido compradas”, agregó.

“Sin contar con el presupuesto se hace una adjudicación y la firma de un contrato por un monto para el cual no tenían fondos. Esto significa que se debieron hacer algunas trasferencias presupuestarias quitando el presupuesto a otras partidas. Se determinará si hubo malversación de fondos”, dijo Arraya.

La asambleísta, Jaqueline Pozo, explicó que el costo unitario de cada cámara es de 1.500 bolivianos pero que con el sobreprecio cada uno de estos equipos asciende a los 22.370 bolivianos.

La denuncia está formulada por la presunta comisión de los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.