Una profunda brecha separa la grave realidad de abusos sexuales, físicos y psicológicos en Bolivia de la agenda de los candidatos presidenciales, que obvian propuestas concretas y dejan a miles de víctimas en un limbo de impunidad y revictimización.

 Mientras Bolivia se adentra en un nuevo ciclo electoral, la atención pública se concentra en la economía, las alianzas políticas y los discursos de campaña. Sin embargo, un problema crítico y creciente permanece en las sombras del debate: la alarmante prevalencia de la violencia sexual, física y psicológica contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 Expertos, activistas y defensores de derechos humanos denuncian que, a pesar de la magnitud de la crisis, los planes de gobierno de los candidatos carecen de la especificidad y el compromiso necesarios para abordar esta tragedia, dejando a las víctimas a la deriva en un sistema judicial precario y un contexto de profunda vulnerabilidad.

 La sombra del abuso

 Las cifras son alarmantes y dibujan un panorama de emergencia nacional. En los últimos cinco años, los abusos físicos, psicológicos y violaciones a niños, niñas y adolescentes han aumentado un 51%. Dayana Ayala, coordinadora de colegios de Avisa, una ONG dedicada a la prevención y asistencia en casos de violencia, revela que, de todos los delitos, el abuso sexual (aproximadamente 11.000 casos por año) y la violación (8.300 casos) se encuentran entre los más comunes en Bolivia, solo superados por la violencia familiar. Y estas cifras corresponden únicamente a los casos denunciados, lo que sugiere una “cantidad invisible” de víctimas mucho mayor. “De 60 embarazos que vos llegas a ver, 10 son por violación,” señala Ayala, añadiendo la escalofriante estadística de que “cada 6 días un embarazo es por violación” en el país.

 La realidad es más preocupante cuando se analiza el perfil de los agresores: el 83% de las violaciones son perpetradas por familiares directos, y un 14% por el círculo familiar cercano, según las cifras de Avisa. Esto significa que “cuán arriesgados están los niños si el mayor porcentaje es por entornos familiares,” advierte Ayala, subrayando que los casos por desconocidos son “muy bajos”. La vulnerabilidad de los niños es explotada por aquellos que deberían protegerlos, especialmente en un contexto donde “es muy común de que los niños estén solos en la casa o estén con muy bajo cuidado,” lo que los convierte en blanco fácil para los abusadores.

 El impacto de esta violencia en la infancia es profundo y duradero. Jessica Echeverría, fiscal y coordinadora de la fiscalía de género de Santa Cruz, enfatiza que los niños víctimas de violencia sexual “van a presentar un trauma y un daño muy fuerte”. Este trauma puede manifestarse en “ansiedad, depresión, el hecho de que sean temerosos, de que todo el tiempo se están orinando, de que bajen sus calificaciones, de que tengan mucho temor, de que tengan un estrés post traumático y un trauma” que puede derivar en fobias persistentes. La fiscal subraya la diferencia abismal entre el daño que sufre un niño por abuso sexual y otras formas de violencia.

 A pesar de la magnitud del problema, el sistema de protección y justicia en Bolivia se muestra profundamente deficiente. Dayana Ayala describe una realidad precaria: “la sentencia que ya se haya concluido es apenas del 1 al 3% del 100% de denuncias que hay”. Esta impunidad se ve agravada por la burocracia y la falta de empatía de los funcionarios. Ayala relata un caso chocante donde una víctima de agresión física en un sábado fue remitida al lunes porque “la atención es de lunes a viernes en horarios de oficina si no es emergencia,” a pesar de que “la agresión era en su casa”.

 La revictimización de las víctimas es un problema sistémico. Las niñas y niños abusados se ven forzados a relatar sus traumáticas experiencias muchas veces ante diferentes instancias: psicólogos, la Defensoría de la Niñez, médicos forenses, y finalmente, el juzgado. Avisa intenta mitigar esto, evitando preguntas directas y urgiendo el uso de “cámaras Gesell” para un solo testimonio grabado. Sin embargo, la fiscal Echeverría declaró que se está buscando que la Asamblea Departamental apruebe que la RAI, que es la ruta de actuación interinstitucional en la fiscalía donde nos dan los lineamientos y que prohíbe la revictimización sea aprobado como ley departamental para que esto lo utilicen policías, fiscales y jueces. Este esfuerzo, que busca evitar “ocho o siete suspensiones de cámaras Gesell”, es un reconocimiento tácito de la revictimización actual y una lucha que la fiscalía prioriza para 2025.

 Una de las falencias más críticas, según Dayana Ayala, es la corrupción: “una de las cosas por las cuales es tan difícil llegar a sentencia es por el tema del soborno. Entonces, la gente mete dinero y su prioridad realmente no es la víctima”. La fiscal Echeverría coincide en que la impunidad réplica más impunidad y que “la forma de poder luchar contra la impunidad es que el agresor, el violador y el feminicida reciban su sanción”. Sin embargo, esta lucha se ve obstaculizada no sólo por la corrupción, sino también por la falta de recursos y la desespecialización de los jueces. Echeverría lamenta que ya no existen los juzgados especializados en violencia de género y que la especialización es clave para combatir esta problemática.

 Organizaciones como Avisa operan con recursos limitados y a menudo cubren los vacíos del Estado. “Cuando llegas como una ONG… te suelen dar más atención que cuando una víctima llega sola,” lo que es un indicativo de la precariedad del apoyo a las víctimas individuales. La Fundación Mi Casa, un comedor para niños en riesgo social, es un claro ejemplo de esta desconexión. Rubén Quiroz Ortega, su jefe, afirma que no reciben “ayuda del gobierno”. 

 Dependen exclusivamente de “amistades, amigos, visitas que vienen a visitar, conocen, ellos son los que patrocinan, ayudan”. Quiroz describe una situación donde “cada que cambie un nuevo gobierno… nos traen televisores, heladeras, electrodomésticos” de las aduanas, pero “la ayuda que nosotros realmente necesitamos no llega”. La ayuda del gobierno, si llega, es por afinidad política: “ellos ayudan si son de su partido”. Esta falta de apoyo constante y la dependencia de la “fe” para subsistir, evidencia la nula prioridad de la protección infantil a nivel estatal.

 Las propuestas de alianzas políticas en elecciones

 El análisis de los planes de gobierno de los candidatos a las elecciones generales en Bolivia revela una preocupante ausencia o superficialidad en el abordaje de la protección de la infancia y la mujer frente a los abusos.

Nueva Generación Patriótica (NGP): Se destaca como el partido con las propuestas más detalladas y explícitas. En el ámbito judicial, propone justicia restaurativa para adolescentes, financiación con “multas realizadas a colegios que oculten casos de abuso”, y la creación de una “Policía especializada en adolescencia” con un sistema de “Denuncia Segura” anónima. Promete “cero impunidades” para delitos sexuales, reforma del Código Penal para penas severas y cadena perpetua para “delitos aberrantes como violaciones seriales o de menores”. 

 Aboga por juzgados especializados en violencia digital y fiscalías móviles para investigar embarazos en menores de 14 años. En educación, plantea la erradicación del trabajo infantil y la implementación obligatoria de una “Ley de Educación Sexual Integral (ESI)” para reducir el abuso sexual y el embarazo adolescente. También busca “Escuelas como territorios de paz” con “Botón del Pánico” y “Talleres de masculinidad positiva”. En salud, vincula la prevención del embarazo adolescente con acciones enérgicas contra el abuso sexual.

 Alianza Unidad (Samuel Doria Medina): También presenta un enfoque más directo. Propone “procedimientos rápidos, efectivos y justos que impidan la doble victimización” y “sumatoria de penas para quienes agredan a niños, niñas o adolescentes”. Reconoce la impunidad actual y la falta de acceso a la justicia. Destaca el fortalecimiento de la “Fiscalía especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil” con más presupuesto y capacitación. En educación, plantea “programas de prevención contra la violencia sexual en las escuelas y las universidades” y educar desde kínder sobre “igualdad, equidad, la no violencia”. En salud, propone “centros de atención a las víctimas (techo, comida, apoyo económico)” y prioriza la protección a la infancia con recursos económicos.

 Alianza Popular (Andrónico Rodríguez): Su plan es integral y multisectorial. Propone “transformar el sistema de protección contra la violencia infantil, asegurando su cobertura nacional” y “profesionalizar al personal interviniente” con protocolos para “reducir la revictimización”. Plantea un “Plan Nacional de Prevención y Respuesta Integral frente a la Violencia contra la Niñez” que articule salud, educación, justicia y protección social. También fortalecerá centros de protección y unidades policiales especializadas. En educación, busca convertir “establecimientos educativos en espacios seguros y protectores” con políticas de buen trato y protocolos contra el acoso escolar.

 El resto de los planes, si bien mencionan la justicia, la educación o la salud, lo hacen de manera general, sin la especificidad que la crisis de violencia exige:

 Alianza Libre (Jorge Quiroga): Aborda “derechos de las mujeres, de los jóvenes y niños” de forma amplia, propone “ampliación territorial de la justicia” y “defensorías comunitarias gratuitas”, e incluye una “perspectiva de género y derechos humanos” en decisiones judiciales. Sin embargo, no menciona explícitamente el abuso sexual ni mecanismos concretos de prevención o atención para este delito.

 Alianza Fuerza del Pueblo (Johnny Fernández): Se enfoca en “justicia, igualdad y libertad” y “seguridad jurídica”. Aunque prioriza la “inclusión y equidad educativa” y el acceso a la educación para niños vulnerables, no hace mención al abuso sexual en sus secciones de educación o salud.

 Morena (Eva Copa): Propone “unidades especializadas (niñez, familia, anticorrupción, etc.)” en el sistema judicial y fortalecer unidades municipales de atención a la niñez. Su eje de “Política de Género” sí aborda explícitamente la “violencia contra mujeres y niñas,” incluyendo la “violencia sexual” y la creación de “registros unificados de feminicidios y violencia sexual,” además de fortalecer el sistema de atención integral a víctimas. Es relevante para las niñas, pero menos específico para niños o el espectro completo del abuso infantil.

 SUMATE (Manfred Reyes Villa): Su plan se centra en una reforma institucional profunda del sistema judicial para garantizar independencia y combatir la corrupción. En educación y salud, busca “mejorar la calidad de vida” y “multiplicar las oportunidades” a través de la eficiencia del mercado y la participación privada. Sin embargo, no presenta propuestas concretas ni explícitas para la prevención o atención directa del abuso sexual infantil o la violencia de género.

 MAS-IPSP (Eduardo del Castillo): Diagnostica la retardación de justicia y la corrupción, proponiendo independencia judicial, uso de TICs y despolitización. En salud y educación, prioriza el acceso universal y gratuito a través de programas existentes como el SUS y los Bonos Juana Azurduy y Juancito Pinto. A pesar de ser los que más tiempo han estado en el poder, sus propuestas carecen de especificidad sobre cómo abordar la violencia sexual.

 Libertad y Progreso-ADN (Paulo Rodríguez): Aboga por una “reforma profunda del Estado” y una “justicia independiente”. En salud, menciona “atención especial a… madres, niños, adolescentes”, y en educación, “educación universal, gratuita y obligatoria”. Sin embargo, un aspecto controversial de este plan, según la fiscal Echeverría, es que “habla de eliminar programas de género y la paridad,” lo que denota un “desconocimiento de la realidad de muchas mujeres” y de Santa Cruz, el departamento con más casos de abuso sexual infantil.

 Partido Demócrata Cristiano (Rodrigo Paz): Propone despolitizar y combatir la corrupción judicial, y fortalecer el Sistema Único de Salud y la educación. Pero, al igual que otros, no profundiza en la protección contra el abuso sexual o la violencia de género con medidas concretas.

En resumen, la mayoría de los planes de gobierno se quedan en lo general, enfocándose en reformas sistémicas de la justicia o mejoras generales en salud y educación, sin abordar de forma directa y específica el complejo problema de la violencia sexual contra mujeres e infancias. Existe una clara desconexión entre la urgencia de la crisis y las prioridades de la agenda política.

 La urgencia ignorada en el panorama electoral

 La fiscal Jessica Echeverría afirma con contundencia: en el proceso electoral, “no hay ninguna relevancia” para estos temas. A pesar de la gravedad, los candidatos se limitan a afirmar que “son defensores de mujeres y niños, pero ¿quién ha hablado de qué transformación va hacer en el legislativo? ¿qué candidatos va decir de poder aumentar las sanciones para los infanticidas, para los agresores sexuales? no tienen ninguna propuesta”. La frustración es palpable: “No existe nada más importante que la vida de los niños, no se me ocurre que otra cosa puede ser más importante que eso y nadie habla de eso”.

 Dayana Ayala, de Avisa, lamenta la ausencia de una voz política fuerte: “No hay una voz fuerte que diga, así como vos escuchas en todas partes: ‘Van a ver dólares’, no hay quien grite fuerte: ‘Voy a velar por el cuidado integral de estas víctimas, y mucho mejor para prevenir que suceda’”. Esto sugiere que la crisis económica ha eclipsado la crisis de violencia, a pesar de que la vida de miles de niñas, niños y mujeres está en juego.

 Desde el nivel de base, Rubén Quiroz Ortega de la Fundación Mi Casa, cuya organización opera sin apoyo estatal, expresa su resignación. Al preguntarle qué le diría a un candidato, su respuesta es simple: “hemos orado por esa persona y con sabiduría nada más que de sabiduría, pago que no se vaya al… que no se vaya por otros lados de corrupción, ¿no?”. Su experiencia le ha enseñado que el apoyo gubernamental es esporádico y condicionado a afinidades políticas, sin un verdadero compromiso con las necesidades estructurales de quienes trabajan directamente con los más vulnerables.

La magnitud de la violencia contra estos grupos vulnerables contrasta con la limitada atención que recibe el tema en el debate electoral actual entre candidatos y en los propios medios. Esta omisión, según expertos y organizaciones de la sociedad civil, tiene grandes incidencias en la continuidad de la impunidad y el sufrimiento de las víctimas. Ante este escenario, la participación ciudadana se vuelve fundamental para posicionar el tema en la agenda pública y demandar compromisos específicos a cada uno de los candidatos.