Los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitaron formalmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que su vida, integridad física y labor institucional están en riesgo debido a amenazas, hostigamientos y actos de violencia registrados en las últimas semanas.

La petición fue enviada este martes a través del sistema de peticiones de la CIDH. En el documento, los vocales alertan sobre una “posible afectación irreparable” a sus derechos fundamentales como consecuencia de protestas violentas y declaraciones amenazantes por parte de sectores movilizados, particularmente afines al expresidente Evo Morales.

Desde la convocatoria a elecciones, los miembros del TSE aseguran haber sido víctimas de una escalada de intimidaciones que incluyeron amenazas de incendio a las oficinas del Tribunal, la quema de muñecos con el rostro del vocal Tahuichi Tahuichi en La Paz y Oruro, y declaraciones públicas de dirigentes que hicieron alusión a represalias directas contra sus familias.

Uno de los hechos más alarmantes ocurrió el 29 de mayo, cuando el dirigente Enrique Mamani, en un video difundido por redes sociales, afirmó tener identificados los domicilios de los vocales Francisco Vargas y Tahuichi Quispe, y amenazó con revelar la identidad de sus familiares. “Si no es a las buenas, va a ser a las malas”, advirtió.

Pese a que desde el 16 de mayo se ha desplegado un resguardo policial especial, el TSE advierte que estas medidas no han sido suficientes para frenar las amenazas, que continúan incluso fuera del ámbito institucional. El caso del vocal departamental Humberto Valenzuela, cuya vivienda fue blanco de un atentado con explosivos, ha encendido aún más las alarmas sobre el riesgo que enfrentan los miembros del ente electoral.

Los vocales también recordaron que en 2019, durante la crisis poselectoral, varias oficinas del Órgano Electoral fueron incendiadas, por lo que consideran que existe un precedente que agrava su situación actual.

Además de la protección personal y familiar, el TSE solicitó a la CIDH que inste al Estado boliviano a garantizar condiciones para que los vocales puedan ejercer sus funciones sin interferencias ni presiones indebidas de otros órganos estatales o sectores sociales. Señalan que lo que está en juego no son solamente sus derechos individuales, sino también la independencia institucional del Órgano Electoral y la estabilidad democrática del país.

Es la segunda vez que el TSE solicita medidas cautelares a la CIDH. La primera petición, presentada en el marco de las frustradas elecciones judiciales de 2023, fue rechazada por el organismo.

Mientras tanto, el vocero de la organización Evo Pueblo, Omar Ramírez, ofreció disculpas públicas por las declaraciones de algunos dirigentes movilizados y aseguró que las organizaciones sociales “no atentarán contra la vida o integridad de los vocales ni de sus familias”.