El ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó que las elecciones judiciales deben realizarse este año para renovar los magistrados a inicios del 2023 y, en ese marco, afirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe garantizar su realización aunque la lista de candidatos sea remitida después del 4 de septiembre, plazo máximo que fijo el Órgano Electoral para que los comicios se desarrollen hasta el 3 de diciembre.

El TSE advirtió que para garantizar que las elecciones judiciales se desarrollen el 3 de diciembre, la ALP debe remitir la lista de candidatos máximo hasta el 4 de septiembre. No obstante, el Ministro señaló que las elecciones deben realizarse aunque la lista de postulantes sea remitida “el 5, 6 o 7” de septiembre.

“Algo que debo responder al TSE es que si la lista no lega el 4, llega el 5, 6 o 7 ellos van a tener que hacer las judiciales (…) No es necesariamente el criterio de prudencia de los vocales del TSE lo que impida que el pueblo boliviano tenga renovación de justicia”, afirmó el Ministro de Justicia en contacto con la prensa.

Afirmó que es “inaceptable” que no vaya a haber elecciones si la lista de candidatos llega después del 4 de septiembre, pues to que, dijo, el Gobierno ya garantizó 183 millones de bolivianos para su realización.

En ese sentido, Lima exhortó tanto al Legislativo como el Órgano Electoral  tener seriedad, responsabilidad y respeto a la Constitución para garantizar la realización de las judiciales.

Asimismo, reiteró que está descartada la posibilidad de que el presidente del Estado, Luis Arce, emita un decreto para ampliar el mandato de los actuales magistrados.

“El tema de un Decreto Supremo está completamente y absolutamente descartado. El Presidente respeta la Constitución (…) no vamos a ampliar ningún mandato por Decreto, no vamos a seguir el camino de Evo Morales y Carlos Mesa que nombraron magistrados por decreto”, aseveró.

El 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo pública la sentencia que  declaró inconstitucional la convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos judiciales y así el proceso “volvió a foja cero”.

Además, por mandato de la sentencia constitucional 60/2023, la futura norma para la preselección de los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que ser aprobado por dos tercios de los asambleístas presentes.