Cada año que pasa, la lucha autonómica de la década anterior se convierte cada vez en algo menos sustantivo. Las conquistas que entonces se veían como definitivas y que muchos llegaron a calificar de radicales, de germen del separatismo, etc., se han convertido en insustanciales prerrogativas de unas instituciones electas cuya estructura y salud está a merced de la cotización del barril de petróleo en Wall Street.

El diseño autonómico del país, de inicio, tenía un sustento voluble, al sostenerse sobre los ingresos derivados de la veta de las materias primas. Con la Ley Marco de Autonomías se acabaron de poner todos los candados que faltaban en la concesión que el Gobierno actual aceptó incluir en el texto autonómico. Con el decidido bloqueo al acuerdo en el marco del Pacto Fiscal y luego de casi diez años de autonomía interina en el país, no es de extrañar que pronto se abra un nuevo debate sobre la necesidad de sostener estas estructuras, sobre todo en la otra media luna que nunca la quiso.

La autonomía debía ser un espacio de planificación y gestión de servicios, pues nadie conoce mejor las necesidades de una casa que quien la habita, pero sin embargo se han convertido en una suerte de aparato burocrático dedicado a la licitación alegre y a la veneración de la gastronomía rural y otras partes del folklore de cada casa.

En Tarija tenemos la mala suerte, además, de haber ingresado en esta era subidos en la cresta de la ola del boom de los hidrocarburos, que puesto en manos de políticos populistas o sin visión, se acabó convirtiendo en una suerte de orgía multiinstitucional de la que, al final, nadie salió satisfecho.

Cada vuelta al POA es volver a recordar la gestión de Lino Condori, la forma en que engrasó un mecanismo que le permitió elevar ejecuciones presupuestarias con graciles certificaciones de disponibilidad presupuestaria que trasvasaron fondos a las provincias, convertidas en expertas máquinas de licitar y sobre cuyos resultados nadie pide responsabilidades.

En el de 2019, Chaco aparte, llegan algo más de 775 millones de bolivianos en concepto de regalías, 56 del Impuesto Especial y 109 de Impuesto Directo a los Hidrocarburos. De estos 11 se van a la Universidad, 32 a la Renta Dignidad, algo más de 60 se irán a los municipios para pagar los dispendios concurrentes del pasado y los nuevos que, en este caso, parece que el Gobierno sí hace la vista gorda, y el resto irá a proyectos de continuidad cuya dimensión e impacto sigue en veremos.

La negociación no parece vaya a ser tan dura, salvo por lo que respecta a la proximidad de la campaña política y la necesidad de unos y otros de marcar determinado perfil, pero en el fondo, el POA ya lo decidió el Gobierno con todas sus herramientas de intervención autonómica. Sigue la fiesta de Lino.