Bolivia enfrenta hoy una encrucijada histórica. Hemos ingresado en un periodo marcado por una crisis económica profunda, amenaza de ingobernabilidad, deterioro de las condiciones de vida, pérdida de confianza de las entidades financieras internacionales y un inminente colapso energético. El incremento de los bloqueos, los abominables crímenes de Llallagua y las amenazas sobre el proceso electoral, confirman que vivimos una coyuntura extrema cuyas consecuencias y duración son imprevisibles.

La situación demandará del próximo Gobierno un esfuerzo monumental. No será suficiente con administrar la crisis; se necesitará liderazgo, fortaleza y visión estratégica para salvar el país de un modelo económico y político fracasado que nos condujo al desastre. El desafío es tan grande como multidimensional, y exigirá simultáneamente reconstruir el tejido social, lograr consensos políticos, recuperar las instituciones y detener una crisis económica que podría derivar en catástrofe. Para ello, se requieren respuestas audaces, consensuadas y estratégicamente implementadas, resumidas en siete componentes:

Primero: gobernabilidad política. Sin estabilidad política, cualquier medida económica o social es insostenible. Ante la alta probabilidad de que ningún candidato logre mayoría parlamentaria, el país necesita una concertación mínima entre las principales fuerzas políticas y sociales, y un acuerdo de gobernabilidad que evite la obstrucción legislativa, consensue reformas urgentes y garantice la estabilidad mínima para tomar decisiones difíciles pero necesarias.

Segundo: plan económico de emergencia y gestión internacional. Nuestra economía no puede seguir a la deriva. Es urgente diseñar un plan económico de emergencia que combine la disciplina fiscal con medidas de reactivación y protección social. Este plan debe ser creíble, técnicamente sólido y apoyado por organismos multilaterales como el FMI, Banco Mundial, BID y la CAF. La prioridad debe ser contener la inflación, estabilizar el tipo de cambio y evitar un colapso de las reservas internacionales. Ello requiere disminuir el gasto público, eliminar subsidios distorsivos, liberar todas las exportaciones, así como las importaciones de insumos y bienes no producidos en Bolivia, y canalizar los escasos recursos hacia la inversión productiva y la protección social focalizada.

Tercero: reactivación del aparato productivo. Mientras se estabilizan las variables macroeconómicas, el país debe cuidar su sector productivo. La agropecuaria, minera y la industria no pueden detenerse por falta de combustible, divisas o insumos. Para ello, se deben garantizar incentivos a la inversión, seguridad jurídica, acceso al crédito y canales para importación de bienes esenciales.

Cuarto: política energética. Nuestro país no podrá sostener por mucho tiempo el nivel actual de importación de carburantes. Las reservas están al límite y el déficit energético se vuelve insostenible. Bolivia debe avanzar hacia el uso masivo de biocombustibles y energía eléctrica en el transporte, y la inversión concentrada en energías renovables.

Quinto: protección social. Toda política económica deberá estar acompañada de una red mínima de protección social. No se puede ajustar la economía sin amortiguar su impacto sobre los más vulnerables, mediante subsidios focalizados, políticas de seguridad alimentaria y un plan intensivo de creación de empleos.

Sexto: fortalecimiento del sector privado. Solo el dinamismo de las empresas grandes, medianas y pequeñas pueden reactivar la economía en estos momentos de crisis. Se requiere la eliminación o ajuste urgente de las normas laborales, impositivas y burocráticas que desalientan la inversión, fortalecen el contrabando y la informalidad, e impiden la creación y sostenimiento de empleo digno.

Séptimo: sinceramiento y transparencia. El nuevo Gobierno no puede construir su legitimidad sobre promesas falsas. Deberá hablar con claridad al país: reconocer la gravedad de la crisis, explicar el porqué de cada medida y convocar a un esfuerzo compartido. La ciudadanía está cansada del discurso polarizador y necesita una narrativa de unidad, reconstrucción y futuro.

La destrucción del aparato productivo, la falta de acceso a bienes esenciales, la pérdida de valor de la moneda y la precarización de la vida cotidiana son síntomas de un sistema que ha dejado de funcionar. Más allá de las ideologías o las visiones políticas, la fórmula es incuestionable: sin reglas claras, consenso y estabilidad, no hay recuperación posible.

En este escenario, los desafíos del próximo Gobierno superan cualquier experiencia vivida en los últimos 40 años. Todos debemos contribuir, pero la mayor responsabilidad recaerá sobre los nuevos gobernantes, quienes tendrán en sus manos la posibilidad de sacarnos de la crisis o arrastrarnos al colapso. Ojalá estén a la altura del momento histórico.