El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2024, que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo, revela que entre 2013 y 2023 se aprobaron 46 contratos petroleros con empresas extranjeras sin la consulta previa a los pueblos indígenas, además de otras vulneraciones a este sector de la población.

“Entre 2013 y 2023, la ALP aprobó 46 contratos petroleros con empresas extranjeras, sin un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas afectados, obligación que está establecida en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, señala el informe que fue hecho público este lunes, en el que además se menciona que “no se cuenta con información pública sobre los procesos de consulta previa desarrollados en materia de hidrocarburos”.

En ese marco, recomienda “elaborar e implementar una ley marco de consulta y protocolos que garanticen el pleno respeto del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con todas las decisiones que puedan afectarles”.

El reporte también indica que el 80% de las Tierras Comunitarias de Origen /TCO) de tierras bajas están sobrepuestas con áreas de reserva de hidrocarburos.

En el acápite referido a los pueblos indígenas, el informe señala que “los incendios forestales se han convertido en una de las principales causas de violación de DDHH de las comunidades Indígenas”. Citando un informe del CEJIS señala que entre enero y octubre del 2024, se registraron 236.572 focos de calor en 53 de los 58 territorios indígenas.

El reporte observa un avance del 5% en el proceso de titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Sin embargo, señala que se anunció la paralización del proceso de saneamiento, como consecuencia de la falta de aprobación de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por la ALP. Por ese motivo, recomienda acelerar la conclusión del proceso de saneamiento y titulación de las TCO.

Sobre la minería en territorios indígenas, el informe advierte deficiencias en las  prácticas de administración y gestión del Parque Madidi, afectación a la forma de vida de las comunidades y deterioro de la flora y fauna. “El informe cuestiona el rol de las autoridades del Estado para ejercer el debido y oportuno control y fiscalización de las actividades mineras”, indica.

Durante la presentación del reporte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que si bien el informe es del 2024, lo que está pasando en este 2025 es simular en materia de DDHH.  Puso énfasis en la independencia de la institución, asegurando que “no tenemos una agenda política partidaria, tenemos una agenda de DDHH”.

Defensores y periodistas

El informe de la Defensoría del Pueblo alerta sobre las vulneraciones a los derechos de los defensores ambientales y de los periodistas. Para ambos temas recoge datos del “Informe sobre libertades fundamentales e institucionalidad en Bolivia 2024” elaborado por UNITAS.

En el caso de los Defensores, indica que se produjeron 93 casos de violación al derecho de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, de los cuales, 57% (53) corresponden a casos de criminalización de defensores en casos relacionados con tierra, territorio, actividades extractivas, avasallamientos, entre otros.

Entre tanto, también cita el reporte del CEDIB que halló 28 denuncias de defensores ambientales en contextos de minería, tierra, agronegocio e hidrocarburos.

Hay que recordar que uno de los casos más emblemáticos en esta materia, es el proceso penal iniciado por YPFB en contra de comunarios de Tariquía y Chiquiacá acusándoles de obstrucción al trabajo, porque ellos se oponen a la explotación hidrocarburífera en la zona.

En materia de libertad de prensa, cita los 150 casos documentados por UNITAS y los 34 casos de vulneración en la libertad de expresión.

Un plan pendiente

La Defensoría recuerda que el último Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado en 2008 para el periodo 2008-2023, por lo que “se reitera la exhortación al Estado a diseñar, aprobar e implementar un nuevo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de forma concertada con la sociedad civil, con un presupuesto adecuado y mecanismos de monitoreo de su cumplimiento”.

También hace notar que dos comités de la ONU “manifestaron su preocupación sobre la ineficacia del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de Recomendaciones sobre Derechos Humanos en Bolivia”, por lo que se recomienda potenciar la capacidad del Estado en esta materia.

El informe luego va desglosando las vulneraciones a los derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, entre otros.

Cambios para elegir magistrados

Finalmente, en materia de justicia, recomienda al Estado “revisar el diseño actual de preselección de candidatos al Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, a partir de una perspectiva nacional como se hace para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, toda vez, que las altas autoridades judiciales asumen causas a nivel nacional, y sus cargos no implican una representación del departamento” y “revisar el baremo (graduación) para la evaluación de los candidatos, de manera que se logre un equilibrio entre méritos profesionales, formación y experiencia”.

“Asimismo, se exhorta al Estado a llevar adelante la elección mediante voto popular de cinco magistrados del TCP (en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) y dos magistrados del TSJ (en los departamentos de Beni y Pando), con el fin de evitar la prórroga indefinida de mandatos de autoridades que deben ser electas mediante procesos democráticos”.

Hay que recordar que en esos departamentos las elecciones para esos cargos quedaron suspendidas por decisión del propio TCP, cuyos integrantes se mantienen en sus cargos, conviviendo institucionalmente con los magistrados elegidos en diciembre del 2024.