Reprochando todas las afectaciones a la economía del país provocadas por los bloqueos de sectores que responden a Evo Morales, el asambleísta nacional por La Paz, José Manuel Ormachea, planteó un proyecto de Declaración Camaral en el que se declara al líder cocalero como “enemigo de Bolivia”, solicitando medidas de retiro de todos los beneficios que en la actualidad recibe la exautoridad.
“Este proyecto declara enemigo de Bolivia a Evo Morales Ayma, en repudio a su activa incitación a la violencia y el odio entre bolivianos”, explicó el parlamentario en conferencia de prensa.
Según Ormachea, con el tratamiento de esta iniciativa en instancias de la Cámara Baja, ya sea para su aprobación o rechazo, también se podrá corroborar qué legisladores, en oficialismo y oposición, continúan manteniendo algún tipo de relación o negociaciones con el denominado “evismo”.
Asimismo, señaló que, el proyecto de Declaración Camaral planteado, se suma a otras posiciones asumidas por diferentes instancias y autoridades a nivel nacional, que han condenado las medidas de presión con las que la radicalidad del “masismo” busca forzar una candidatura presidencial inconstitucional en favor de Evo Morales.
“La Cámara Baja también se tiene que pronunciar, porque en 14 días de bloqueo el país ha perdido un estimado de 800 millones de dólares, se registraron 203 heridos, 143 detenidos y 6 fallecidos entre Llallagua y Cochabamba. Tiene que haber responsabilidades por estas pérdidas”, señaló Ormachea lamentando que desde los ministerios de Justicia y Gobierno no se dé prioridad a la ejecución de la orden de aprehensión emitido contra el exmandatario.
Explicó además que, en la parte resolutiva del proyecto de Declaración Camaral, se pide a todas las entidades estatales competentes, agilizar las investigaciones vinculadas a las muertes, lesiones, detenciones irregulares, vulneraciones, daños económicos y todos los abusos cometidos durante el reciente bloqueo de caminos instruido por Morales y ejecutado por sus grupos afines.
Asimismo, se exhorta a gestionar el retiro inmediato de todo privilegio, beneficio, asignación económica o trato especial del que goce Morales en su condición de expresidente.
Por otra parte, se pide poner en conocimiento de todos los organismos internacionales y gobiernos del mundo, los actos del “evismo” y el grave riesgo que representa el expresidente para los valores democráticos, solicitando evitar la otorgación de cualquier tipo de asilo, refugio o protección que contribuya a que la exautoridad se beneficie con impunidad y en el futuro reincida en prácticas de desestabilización.
En criterio de Ormachea, los delitos cometidos por Morales deben ser sancionados duramente, alcanzando tanto a la exautoridad como a todos sus colaboradores que operan como una “policía sindical” en el Chapare y como voceros en el Parlamento.