"Los partidos políticos rumbo a las elecciones generales de 2025 repiten fórmulas que podrían agravar más la situación del país", señala una nota de prensa de la institución. "Se advierte que la mayoría de las propuestas carecen de medidas concretas para abordar los costos sociales y ambientales de las reformas planteadas".

Las observaciones realizadas se encuentran en el documento "Programas de gobierno sin responsabilidades socioambientales", en el que se reflexiona sobre la urgente necesidad de contar con políticas sostenibles, en un contexto marcado por el estancamiento económico y una inflación proyectada del 15,1% para fines de año.

Los programas se centran principalmente en ajustes macroeconómicos y expansión de actividades extractivas como la agroindustria, la minería del oro y la explotación del litio. También convergen en planteamientos similares como la creación de fondos de estabilización, eliminación parcial de subsidios a combustibles y flexibilización del tipo de cambio.

Sin embargo, en el marco del análisis técnico, se puede evidenciar un patrón preocupante: la falta de medidas claras para mitigar los impactos sociales y ambientales de sus propuestas.

Aunque se plantean reformas profundas en materia económica, no se explican los mecanismos de protección para las poblaciones vulnerables ni se consideran los compromisos del país en materia ambiental.

En el ámbito social, se advierte sobre potenciales aumentos del desempleo, pérdida de poder adquisitivo y agravamiento de la pobreza, sin que se presenten mecanismos de protección para los sectores más desprotegidos.

Por otro lado, La pérdida de bosques primarios en Bolivia —la segunda más alta del mundo—, los incendios forestales récord de 2024 (12,6 millones de hectáreas quemadas), y la contaminación generada por la minería del oro y el litio son algunas de las señales de alerta que acompañan este escenario de devastación medioambiental.  

En ese contexto, el documento apunta a los impactos específicos que se agravarían por sector. Por la agroindustria, crecerá la amenaza de altas tasas de deforestación e incendios forestales recurrentes. Por la minería aurífera continuará el riesgo de contaminación de ríos con mercurio, la destrucción de áreas protegidas y de territorios indígenas. Finalmente, la industria del litio, de la que no se tiene evaluaciones de impacto ambiental, amenaza con la alteración de sistemas hídricos, con un consumo proyectado de hasta 10 millones de metros cúbicos de agua anuales.

Frente a esta situación, la Fundación Tierra hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a exigir propuestas más responsables y coherentes con la realidad del país, que garanticen no solo crecimiento económico, sino también equidad social y sostenibilidad ambiental, que integren objetivos sociales, económicos y ambientales con metas claras, medibles y transparentes.