La representación de los departamentos de La Paz, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz estuvo presente en una reunión ayer en la capital cruceña, determinado activar nuevas movilizaciones en octubre.

El presidente del ente cívico de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, informó que los comités están previendo realizar una lucha continua, que solo terminará cuando el TSE inhabilite a Evo Morales en cumplimiento del artículo 160 de la Constitución y el referendo del 21 de febrero de 2016.

Las movilizaciones están previstas el 10 de octubre, día en que se recuerda la recuperación de la democracia en Bolivia. Esa misma jornada, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) anunció similares desplazamientos por la repostulación del Primer Mandatario.

"Vamos a demostrar cómo hemos defendido la democracia", sostuvo este miércoles en rueda de prensa el Presidente Evo Morales, quien también dijo que se trata de una lucha política e ideológica a la que "vamos a dar batalla a pedido del pueblo boliviano".

El fundamento de rechazo a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) se centra en que a través de la norma se pretende "habilitar la inconstitucionalmente al binomio Morales-García Linera, quienes se encuentran inhabilitados por la CPE u por el voto del pueblo expresado en el referéndum del 21F", dice el voto resolutivo.

Por otra parte, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, señaló que el Gobierno ha tomado la determinación de ignorar al pueblo, por lo cual manifestó que es decisión de cada boliviano el salir a las calles para hacer respetar la Constitución.

Pumari llamó a todos los bolivianos a unificar criterios para unificar las protestas en defensa del 21F. Cuéllar anunció que los cívicos se reunirán cada 15 días hasta el 10 octubre para delinear las estrategias de movilización.

Advirtieron que, si de todas maneras son habilitados, "inmediatamente iniciaremos la resistencia civil democrática que nos faculta la Constitución Política del Estado", añaden.

Asimismo, el movimiento cívico se declaró en estado de emergencia; las entidades también podrán realizar alianzas estratégicas para desarrollar las medidas de presión.

Denunciaron "persecución política" contra los dirigentes y ciudadanos que se han manifestado de manera pública en su defensa a la democracia. Finalmente, advierten que existiría la intención del Gobierno de adelantar las elecciones departamentales y municipales.