Tenía razón la filósofa política. Hizo ese estudio luego de haber sufrido como mujer judía, el uso de la violencia a una escala y una intensidad inéditas en la historia, tras los horrendos experimentos políticos en la Alemania nazi y en la Rusia stalinista. Ellos dieron lugar a su monumental obra “Sobre los totalitarismos”, libro en el que imprimió su valentía y lucidez al calificar a ambos como totalitarios, por primera vez, en 1951.

Para Arendt, la violencia, en su sentido más elemental, refiere el daño ejercido sobre las personas por otros seres humanos. En ese marco, señala que “quienes tienen el poder y sienten que se desliza entre sus manos” recurren a la violencia para no perderlo, y porque “siempre les ha sido difícil resistir la tentación de sustituir el poder por la violencia”.

El régimen de Evo Morales y su Vice, quien se autocalifica de “jacobino” -siguiendo a Robespierre cortando cabezas bajo la guillotina, hasta que él mismo terminó bajo su filo acero- ha ejercido en Bolivia una violencia dura, sin concesiones. Violencia para matar en Cochabamba en 2007, en Porvenir en 2008, en el hotel Las Américas en 2009, en Caranavi, El Alto, en el TIPNIS, o en La Asunta ahora, único lugar donde se cultiva la hoja de coca para consumo humano. Pero no reprime en la “Republiqueta de Chapare”, santuario de Morales, un Estado dentro del Estado donde se cultiva la hoja materia prima de cocaína y la economía ilegal del narcotráfico crece sin control ni límites.

Las víctimas fatales de violencia estatal suman 88. No olvidamos el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, las “guillotinas judiciales” contra la oposición para dejarla fuera de la lid política, con procesos que violentan el Estado de Derecho con la politización del Poder Judicial, convertido en brazo represivo-extorsionador-chantajista del Estado que deja presos y cientos de exiliados políticos. Tampoco olvidamos el tratamiento despiadado a las personas con capacidades diferentes ni los desmanes contra el medio ambiente.

Las formas de violencia y abusos de poder de Morales y compañía tras el ejercicio prolongado del poder -van 12 años-  les ha alterado la neuroquímica cerebral hasta aislarlos de la realidad. Se creen Dioses sin saber que son animales menos “sapiens” que muchos otros.

La actual ley de Partidos Políticos modificada en su versión original, garantiza la permanencia en el poder de Morales-García Linera sin fecha ni horario en el calendario. La figura de “primarias” donde será inscrito el binomio de marras, son de cumplimiento obligatorio, a pesar del Art. 168 de la Constitución que solo permite una reelección continua, y del referéndum del 21 de febrero de 2016, que dijo NO a su re-re-reelección.  Ambos institutos están excluidos en actual la Ley.

El binomio será inscrito para legitimarlo a contra flecha de la legalidad constitucional y de la voluntad popular que dijo, dice y dirá NO. Lo hará en virtud del servilismo del Tribunal Constitucional que inventó una malévola interpretación del Art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, a título del derecho humano de Morales de ser electo por cuarta vez, por encima de los derechos civiles y políticos de 11 millones de habitantes.

La violencia de esta ley impone tiempos políticos fatales para las “primarias”, inéditas en Bolivia. Los partidos de la oposición están dispersos aún y sin candidato que unifique las aspiraciones de la sociedad civil y de las plataformas ciudadanas, cuyas movilizaciones ponen en jaque al poder. Por eso están excluidas, pues en las primarias solo podrán votar los militantes inscritos en los partidos políticos. Las plataformas reivindican su no militancia partidaria, pero defienden políticamente el respeto al NO del 21F.

¿Y si del Tribunal Electoral, que pidió a un grupo de profesionales que redactara la Ley, fue la trampa perfecta para acomodarla luego a los intereses de poder y la claque que los rodea, en el Congreso donde gozan de 2/3? Ahí no hay debates ni confrontación de ideas, que es el meollo de la lucha política, y solo se impone lo que dicta el autócrata.

Vía el continuismo, la Ley pone una losa para no que no se investigue los crímenes contra los Derechos Humanos perpetrados por el régimen, y sella la impunidad de su poder que judicializó la acción política de la oposición y la sociedad por su violencia sistémica y sistemática. Sus actos criminales y violentos pasarán a la cuenta del otario. Además, para que la corrupción institucionalizada durante 12 años de ejercicio de poder total, en los que usufructuó de la bonanza de precios de materias primas, queden sin rendir cuentas, con su la larga lista de malversación de fondos públicos, despilfarro, tráfico de influencias, ineficiencia, robo a granel y enriquecimiento ilícito.

La violencia de los impostores que gobiernan Bolivia está aupada por la intolerancia, el odio étnico, la mentira y las fuerzas represivas cooptadas con jugosas prebendas. Son señales de su decadencia, lo que impulsa a la sociedad política y civil a continuar luchando por la recuperación de la democracia, que conquistamos en 1982, después de 18 años de dictaduras militares. Frente a la violencia del poder, hoy la lucha continua.