El Gobierno de Evo Morales se ganó la admiración mundial por sus propuestas que cabalgaban sobre la nueva generación de derechos humanos, sobre la inclusión, el cuidado del medio ambiente, las nuevas formas de participación política, la autodeterminación de los pueblos y muchas otras ideas modernas que el mundo civilizado está promoviendo con insistencia con el objetivo de profundizar la democracia.

Lamentablemente todo quedó en discurso, en papeles y en la fama, porque lo que hace ahora el “proceso de cambio” es remar contra la historia, con una serie de acciones y leyes que marcan un retroceso gigantesco en la consolidación del sistema democrático, la mayor utopía de la humanidad, el consenso más extendido y el único modo de organización capaz de asegurar el bienestar de los pueblos.

Una de esas medidas antihistóricas es precisamente la Ley de Organizaciones Políticas, una propuesta del Tribunal Supremo Electoral que ha sido deformada por los operadores del Ejecutivo como sucedió con el Código Penal, creado para desterrar los criterios excesivamente punitivos y draconianos de la estructura jurídica, pero que terminó siendo un adefesio repleto de figuras tiránicas, persecutorias, cargadas de esa antigua supremacía del Estado sobre el individuo.

En el plano político, lo que se busca hoy en el mundo es revalorizar al ciudadano, dotarle de nuevos canales de participación, brindarle espacios de expresión y de contribución a las decisiones colectivas y garantizarle formas de ejercicio de la soberanía popular. La democracia boliviana que tanto se vilipendia todos los días precisamente hizo avances importantes en este sentido, con figuras como los diputados plurinominales, mecanismos de participación directa como el referéndum y la consulta, con la creación de agrupaciones ciudadanas alternativas a los partidos tradicionales, el Defensor del Pueblo y otras formas que buscaban revalorizar al ciudadano como artífice principal de la vida pública.

Tal como se la ha aprobado, la Ley de Organizaciones Políticas involuciona hacia el corporativismo, el caudillismo, el bipartidismo y la partidocracia, vicios que justamente debían superarse. En las elecciones primarias previstas para enero de 2019 apenas podrá participar el 20 por ciento de la población que figura en los padrones de los partidos políticos tradicionales y el resto se quedará mirando cómo la política sigue en manos de una pequeña élite cooptada por los mismos grupos que mantienen secuestrada la democracia hace casi dos siglos.

Las plataformas ciudadanas, una genuina expresión de este nuevo modelo de acción política que busca el interés común, han sido las primeras en advertir del peligro que implica esta ley impuesta por el régimen para conseguir la legitimación de la candidatura ilegal del presidente Morales a las elecciones de 2019. Este objetivo no solo implica el retroceso en el progreso democrático, sino la regresión a la peor forma de gobierno –la dictadura-, que se creía desterrada de nuestra historia.

Tal como se la ha aprobado, la Ley de Organizaciones Políticas involuciona hacia el corporativismo, el caudillismo, el bipartidismo y la partidocracia, vicios que justamente debían superarse.