Las elecciones generales del 2025 deberían constituir un hito democrático, un ejercicio de soberanía popular que reafirme el pacto constitucional boliviano. Sin embargo, el panorama que se configura es alarmante: la contienda electoral, en lugar de desarrollarse bajo reglas claras y en condiciones de igualdad, se ve atravesada por una profunda crisis institucional y por una creciente judicialización de la política que amenaza con vaciar de contenido el proceso democrático.

En Bolivia, la voluntad popular parece estar subordinada a resoluciones judiciales, a veces contradictorias y, en muchos casos, de evidente motivación política. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lejos de actuar como guardián imparcial del texto constitucional, ha asumido el rol de actor político de primer orden, habilitando, inhabilitando y reconfigurando el escenario electoral desde una posición que vulnera el principio de seguridad jurídica y debilita el Estado de Derecho.

De las Urnas a las Togas: Democracia en Retroceso

La esencia de toda democracia radica en la capacidad del pueblo para elegir libremente a sus gobernantes. Pero cuando los órganos judiciales se arrogan la potestad de decidir quién puede o no ser candidato, se produce un desplazamiento peligroso: la soberanía popular es reemplazada por el criterio de jueces que, en muchos casos, no cuentan ni con independencia ni con legitimidad.

La inhabilitación del expresidente Evo Morales en 2024 por parte del TCP marcó un punto de inflexión. A pesar de que su candidatura podía ser discutida desde el plano político y jurídico, el hecho de que un órgano con miembros prorrogados decidiera excluirlo de la contienda, sin el respaldo de una sentencia penal firme, fue interpretado ampliamente como una movida estratégica para reordenar el mapa electoral. A partir de ese precedente, otros actores —como Andrónico Rodríguez, Luis Fernando Camacho y líderes regionales— han sido objeto de procesos judiciales que, más que procurar justicia, parecen orientados a bloquear su participación política.

Esta tendencia configura un patrón inquietante: el uso del aparato judicial como mecanismo de control electoral. Las acusaciones genéricas, la invocación de delitos ambiguos como “sedición” o “terrorismo”, y las medidas cautelares sin sentencia condenatoria son instrumentos que se aplican selectivamente para depurar el escenario. En este contexto, el principio de presunción de inocencia es letra muerta.

Seguridad Jurídica: Pilar Erosionado del Estado Democrático

Uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático es la seguridad jurídica: la garantía de que las normas se aplican de manera uniforme, predecible y sin interferencias arbitrarias. En Bolivia, este principio se encuentra gravemente erosionado.

El TCP ha modificado jurisprudencias previamente consolidadas y ha interpretado la Constitución con una flexibilidad peligrosa, adaptando el derecho a conveniencias coyunturales. El caso más evidente es el de las autoprorrogas inconstitucionales de magistrados, una práctica que ha generado rechazo nacional e internacional. Magistrados cuyo mandato venció en 2023 siguen ejerciendo funciones gracias a un fallo que ellos mismos suscribieron, en contravención del principio de legalidad y de lo establecido en la propia Constitución.

En este escenario, no solo los actores políticos están a merced de decisiones impredecibles, sino que el propio electorado pierde confianza en la institucionalidad. Según encuestas recientes, menos del 12% de los bolivianos confía en el sistema judicial. Esta cifra, por sí sola, basta para reflejar la gravedad de la crisis.

Fragmentación Oficialista y Orfandad Opositora

La situación se agrava por la fragmentación interna del oficialismo. El Movimiento al Socialismo (MAS), que durante años se presentó como un bloque compacto, hoy está dividido en facciones irreconciliables: los “arcistas”, afines al presidente Luis Arce, y los “evistas”, leales al expresidente Morales. Esta división ha llevado a una lucha intestina donde la justicia se convierte en herramienta de aniquilación política interna.

El uso instrumental del Ministerio Público, del Órgano Judicial y del Tribunal Supremo Electoral en este conflicto ha transformado a las instituciones en peones de una disputa fratricida. Se utiliza el aparato estatal no para garantizar derechos, sino para bloquear candidaturas rivales dentro del mismo partido. Esta dinámica deteriora aún más la legitimidad de los comicios, pues ni siquiera dentro del oficialismo existen reglas claras ni garantías mínimas.

Por otro lado, la oposición tradicional no logra consolidarse como alternativa. Fragmentada, sin liderazgo visible ni propuesta unificadora, es incapaz de capitalizar el creciente descontento social. Esta dispersión opositora puede derivar en una elección sin mayoría clara, con múltiples candidaturas de bajo arrastre, y con un resultado final carente de gobernabilidad.

El Fracaso de la Reforma Judicial

Uno de los proyectos más ambiciosos del último ciclo constitucional fue la elección por voto popular de magistrados del Órgano Judicial y del TCP. Planteada como una vía para despartidizar la justicia y acercarla al pueblo, esta reforma ha sido un fracaso rotundo.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, más del 60% de los votos fueron nulos o blancos, una cifra que revela el repudio ciudadano a un proceso percibido como manipulado y sin legitimidad. Los candidatos fueron seleccionados por comisiones parlamentarias bajo criterios políticos, y los jueces electos carecieron desde el inicio de independencia funcional y prestigio moral.

El resultado ha sido una justicia subordinada al poder político, sin capacidad para actuar como contrapeso institucional ni como garante de derechos. Hoy, esta estructura judicial capturada está al centro de la crisis electoral que atraviesa el país.

2025: Escenarios de Riesgo

De mantenerse las condiciones actuales, Bolivia podría enfrentar varios escenarios críticos en agosto de 2025:

1. Elecciones deslegitimadas por una alta abstención, alimentada por la falta de confianza en las reglas del juego.
2. Suspensión del proceso electoral, bajo el pretexto de garantizar estabilidad institucional.
3. Estallidos sociales, provocados por exclusiones arbitrarias de candidatos y por la percepción de fraude institucional.

En cualquiera de estos casos, la democracia boliviana corre el riesgo de degradarse aún más, pasando de un sistema formalmente democrático a una estructura de poder donde el pueblo vota, pero no elige.

¿Hay Salida?

A pesar del sombrío panorama, aún es posible evitar el colapso. Pero se requiere voluntad política, presión ciudadana y acompañamiento internacional. Un pacto democrático de emergencia debería incluir:

• La moratoria inmediata de inhabilitaciones políticas sin sentencia firme.
• El respeto estricto al calendario electoral.
• La conformación de una misión internacional de observación robusta y vinculante (OEA, ONU, UE).
• El compromiso público de todos los actores para garantizar elecciones libres, competitivas y transparentes.

Posteriormente, Bolivia debe encarar una reforma judicial estructural, que suprima la elección popular de magistrados y la sustituya por concursos de méritos con veeduría ciudadana. Además, se debe limitar el poder del TCP y establecer mecanismos que impidan futuras autoprorrogas.

El último dique de contención ante la deriva autoritaria es la sociedad civil: universidades, medios independientes, plataformas ciudadanas y organizaciones de derechos humanos. Su papel es crucial para exigir transparencia, denunciar abusos y movilizar la conciencia colectiva. La comunidad internacional tampoco puede mantenerse al margen: su cooperación debe estar condicionada al cumplimiento de principios democráticos fundamentales.

La historia nos enseña que las democracias no mueren de un día para otro. Mueren cuando el pueblo deja de creer en el valor de su voto. Cuando la justicia se convierte en un arma del poder, la libertad entra en cuidados intensivos. Bolivia aún tiene la oportunidad de evitar ese destino. Pero esa decisión no está en los estrados judiciales ni en los palacios de gobierno: está en la conciencia activa de su pueblo