Bolivia atraviesa horas oscuras de luto, dolor e incertidumbre. Las imágenes que llegan desde Llallagua estremecen al país: tres efectivos de la  Policía ha sido asesinados y una población entera ha sido rehén de grupos armados que, escudados en una supuesta reivindicación política, sembraron el miedo y desataron la violencia.

Nada, absolutamente nada, justifica el derramamiento de sangre, el uso de dinamita, armas de fuego y emboscadas como método de presión. Los autores materiales e intelectuales de estos hechos no pueden seguir escudándose en discursos ideológicos ni en inmunidades fácticas. La ley no se negocia ni se arrodilla ante ninguna ambición personal.

Evo Morales, principal instigador de esta crisis, carga hoy con una responsabilidad política y moral que la historia sabrá juzgar, pero que la justicia debe procesar. La obstinación de un caudillo que se niega a aceptar la legalidad vigente, que desconoce las reglas electorales y que moviliza a sectores radicalizados para imponer su voluntad por la fuerza, está llevando al país al borde del abismo. El precio lo pagan las familias más vulnerables, las madres que no pueden acceder a alimentos, los niños que no van a la escuela, los enfermos que no reciben atención y los trabajadores que están perdiendo sus fuentes laborales.

Estamos ante un intento deliberado de quebrar el orden constitucional. No se trata de una protesta más: es una operación política insurreccional, financiada, organizada y ejecutada con objetivos concretos de desestabilización. Y como tal, debe ser enfrentada con la firmeza del Estado de derecho, pero también con el respaldo de la sociedad civil que no puede seguir siendo espectadora pasiva del deterioro democrático.

En ciudades como La Paz y El Alto, la desesperación es evidente. Las estanterías vacías, los precios en alza y la escasez de productos esenciales han comenzado a sembrar el hambre en los hogares más humildes. Las largas filas para conseguir alimentos y combustibles revelan el verdadero rostro de esta crisis: no es un conflicto político, es una catástrofe humanitaria inducida por la ambición de unos pocos.

La democracia no es un capricho de coyuntura. Es el único pacto que aún puede salvarnos como nación. Por eso, no hay margen para la equidistancia moral ni para la cobardía institucional. Los responsables deben ser procesados con todas las garantías del debido proceso, pero con la certeza de que no puede haber impunidad.

La ciudadanía tiene el deber cívico de sostener la legalidad. Es momento de recuperar el valor de las instituciones, del diálogo y del consenso. La cumbre política convocada hoy en Santa Cruz representa una esperanza, una oportunidad para reconstruir puentes, para reafirmar el compromiso colectivo con elecciones limpias, con reglas claras y con la voluntad soberana expresada en las urnas, no en las carreteras.

Es pertinente condenar con firmeza la violencia y exigir justicia por el asesinato de tres servidores públicos. No se puede permitir que la desesperanza se imponga. Hoy más que nunca, Bolivia necesita líderes responsables, ciudadanos valientes y una institucionalidad capaz de defender la paz.

No hay causa que justifique la sangre derramada ni el hambre del pueblo. Y no hay futuro posible sin justicia, sin verdad y sin democracia.

Porque la democracia no se bloquea. Se defiende.