Desde el 21 de febrero de 2016 (21 F) la sociedad boliviana quedó oficialmente, una vez más en su historia, dividida. Por un lado, quienes apoyan la noción de que la Constitución Política del Estado (CPE) se respete, y por otro, quienes pretenden que el binomio Evo Morales y Álvaro García tenga la posibilidad de postularse por cuarta vez en una búsqueda forzada de democracia. Sin embargo, tal día, a pesar que el gobierno central subordina sin recelo y públicamente al Órgano Electoral, la opción que postulaba el respeto a la CPE ganó con el 51, 3 % de los votos.

No obstante, el Ejecutivo, con la excusa del supuesto armado de un caso de uso indebido de influencias de Evo Morales para favorecer a Gabriela Zapata por parte de la oposición, pretende pasar por encima de la voluntad del pueblo expresada el 21 F, obligando a los dóciles órganos del Estado a habilitar tal binomio para las elecciones del 2019.

Dicha habilitación no es un tema de argumentos de aplicación preferente de una norma sobre otra, puesto que todos ellos han sido rebatidos por la academia. Además, la OEA, depositaria del Pacto de San José de Costa Rica, tratado internacional sobre Derechos Humanos al que los oficialistas apelan para sostener la posibilidad de una cuarta elección consecutiva, ha manifestado que la limitación a los derechos políticos no es una vulneración a los mismos y más bien trata de evitar la perpetuación en el poder y el abuso del Estado.

Pero la estrategia del Movimiento al Socialismo (MAS), al parecer, irá más allá del intento y consolidará tal candidatura apoyándose en los serviles órganos del Estado. Una Asamblea Legislativa que propone una nueva ley de organizaciones políticas; una sala plena del Tribunal Supremo Electoral que no sólo es mandada por el ejecutivo, sino también vía celular por algunos poderosos del legislativo; y un Tribunal Constitucional que hace peripecias, por no decir acrobacias con el estilo de un circo, emitiendo una sentencia que desacredita una vez más a la justicia.

Tal habilitación, aunque ilegal, abre paso a una situación completamente distinta. Una donde no existe la capacidad de organización política alguna de obtener la mayoría obtenida por el MAS en pasadas elecciones. Sin embargo, los métodos democráticos indican que a pesar de no obtener tal mayoría, debe gobernar alguien, en ese caso será el que obtuviera más votos, en primera o segunda vuelta, dependiendo del porcentaje. Y bajo esa óptica, paradójicamente, a pesar que el 51,3 % de los ciudadanos está en contra de tal opción, la candidatura de Morales, según las encuestas, es la que mayor apoyo tiene de la población, lo que la hace la favorita de la próxima elección. Se trata de un problema de representatividad, el mismo consiste en que si bien el 51,3% de la población está en contra de la continuidad del MAS en el gobierno, este partido es al mismo tiempo el que mayor representatividad tiene, aproximadamente un 29%, porcentaje que le puede valer el cuarto periodo a Morales.

Tal situación no solo muestra la fragilidad de la institucionalidad del Estado, sino también la incapacidad del boliviano de proyectar liderazgos, o en su defecto, la capacidad de proyectar demasiados, puesto que no existe uno que sobresalga de los varios candidatos promovidos desde los partidos políticos y la ciudadanía, con excepción de Carlos Mesa que respecto al tema se mantiene en la posición que caracterizó su gobierno y su carrera política, una incólume tibieza que no descuida cualquier oportunidad.

Lo que muestra una dependencia del gran líder, denotándose una vez más nuestra cultura política caudillista.

A pesar de que la mayoría de los bolivianos está en contra de la continuidad de Evo Morales, el poder que se le ha otorgado a su gobierno permite que se manipule los órganos del Estado para habilitar su candidatura, que por su nivel de representatividad, comparado con los otros posibles candidatos, lo hace favorito.

¿Será tal el conformismo de la sociedad ante la situación actual del país que a la población no le interesa dirigir sus esfuerzos a un proyecto en común? ¿Vivimos en una democracia caudillista? ¿La ausencia de un nuevo gran líder será suficiente excusa para que la sociedad boliviana ponga en riesgo su democracia? Son algunas conclusiones que modo a de pregunta esperan ni ser enunciadas como hipótesis ante la turbación que produce que el tiempo las compruebe.