Nada, absolutamente nada, justifica el derramamiento de sangre, el uso de dinamita, armas de fuego y emboscadas como método de presión. Los autores materiales e intelectuales de estos hechos no pueden seguir escudándose en discursos ideológicos ni en inmunidades fácticas. La ley no se negocia ni se arrodilla ante ninguna ambición personal.

Evo Morales, principal instigador de esta crisis, carga hoy con una responsabilidad política y moral que la historia sabrá juzgar, pero que la justicia debe procesar. La obstinación de un caudillo que se niega a aceptar la legalidad vigente, que desconoce las reglas electorales y que moviliza a sectores radicalizados para imponer su voluntad por la fuerza, está llevando al país al borde del abismo. El precio lo pagan las familias más vulnerables, las madres que no pueden acceder a alimentos, los niños que no van a la escuela, los enfermos que no reciben atención y los trabajadores que están perdiendo sus fuentes laborales.

Estamos ante un intento deliberado de quebrar el orden constitucional. No se trata de una protesta más: es una operación política insurreccional, financiada, organizada y ejecutada con objetivos concretos de desestabilización. Y como tal, debe ser enfrentada con la firmeza del Estado de derecho, pero también con el respaldo de la sociedad civil que no puede seguir siendo espectadora pasiva del deterioro democrático.

En ciudades como La Paz y El Alto, la desesperación es evidente. Las estanterías vacías, los precios en alza y la escasez de productos esenciales han comenzado a sembrar el hambre en los hogares más humildes. Las largas filas para conseguir alimentos y combustibles revelan el verdadero rostro de esta crisis: no es un conflicto político, es una catástrofe humanitaria inducida por la ambición de unos pocos.