La cifra supera ampliamente la registrada en las elecciones de 2020, cuando el porcentaje de inhabilitados fue del 38%, y no solo refleja la improvisación y falta de seriedad de muchas agrupaciones políticas y candidatos, sino que pone nuevamente en evidencia la profunda crisis del sistema político boliviano.

La Ley 1096, además de haber sido concebida para favorecer a la organización política que la redactó y la aprobó, resulta hoy inaplicable ante la debacle del sistema de partidos. Carentes de estructura nacional, recursos y renovación dirigencial, los partidos han dejado de representar genuinamente a la sociedad. En muchos casos, priorizan agendas propias o de grupos de poder específicos, desconectándose de las necesidades reales de la ciudadanía.

Además, funcionan de manera vertical, caudillista y con escasa institucionalidad, por lo que la toma de decisiones suele estar concentrada en liderazgos personalistas, sin mecanismos efectivos de deliberación, elección democrática de dirigencias o rendición de cuentas.

Las recientes denuncias de presunta extorsión por candidaturas, el incumplimiento de sus propios Estatutos y la promoción del transfugio, refuerzan la percepción ciudadana de que los partidos son corruptos y que sus líderes utilizan la política para beneficio personal. De hecho, el Latinobarómetro 2023 revela que el 77% de los bolivianos cree que los partidos funcionan mal, y el 46% considera que la democracia no los necesita.

El mayor problema es que los partidos definen la representación política y componen la Asamblea Legislativa, por lo que hay una relación intrínseca entre su condición y la de esta entidad. En las últimas dos décadas, la calidad de la representación parlamentaria se ha deteriorado notablemente, lo que ha precarizado la gobernabilidad, dificultado la construcción de consensos, fomentado el populismo y la demagogia, incrementado la desconfianza ciudadana y exacerbado la polarización. 

Basta observar las sesiones del actual Parlamento para notar que este espacio, que debiera ser el foro supremo del debate democrático, se ha transformado en un espectáculo lamentable, marcado por la ignorancia, el insulto, la superficialidad, el irrespeto, los discursos vacíos y la manipulación del voto.

Esta realidad ha conducido a que este Órgano de Poder muestre resultados deprimentes. En los cinco años del actual periodo de gobierno, la Asamblea Legislativa ha sancionado 277 leyes. De ellas, 170 (el 61%) son irrelevantes; 69 se refieren a transferencias de terrenos entre entidades públicas; 51 declaraciones de patrimonio cultural o histórico (entre ellos la Fiesta de Comadres, la danza “Las Ovejitas” o el Quirquincho Andino); y 41 autorizan créditos ya negociados. Apenas 33 leyes podrían considerarse importantes, aunque varias se limitan a ratificar acuerdos internacionales suscritos previamente. 

La eliminación de la meritocracia y el cuoteo con organizaciones sociales y aliados circunstanciales, han llevado a que las sucesivas Asambleas Legislativas hayan perdido la iniciativa. Hoy, los proyectos de ley son elaborados e impuestos por el Ejecutivo. Asimismo, se ha debilitado la facultad de fiscalización, y el Estado ya no es capaz de responder eficazmente a las crisis. Pero, además, la composición abigarrada del Parlamento, compuesto mayoritariamente por personas sin orientación política clara, sin ética ni formación técnica, ha provocado una fragmentación acelerada de las brigadas y bancadas. De tres partidos que conformaban la ALP a inicio de la gestión, se han derivado al menos nueve fracciones, agrupadas por intereses personales, ambiciones o disputas internas.

Los partidos han abandonado sus fundamentos ideológicos. Las distinciones doctrinales se diluyen frente a discursos pragmáticos o populistas, evidenciando una preocupante volatilidad programática.  Muchos cambian de postura según la coyuntura electoral, sin propuestas estructuradas de política pública o visión de largo plazo.

La crisis política en Bolivia es un síntoma y a la vez una causa de la fragilidad democrática. Superarla requiere una profunda reforma del sistema de partidos, que promueva su democratización interna, recupere su vínculo con la ciudadanía, fortalezca su base ideológica y profesionalice su acción. Sin partidos sólidos y representativos, no es posible sostener una democracia de calidad ni construir un proyecto de país inclusivo y sostenible.