Para Quiroga, el desafío ambiental no solo es técnico o económico, sino ético: “Seguimos viendo a la naturaleza como un recurso ilimitado al servicio del hombre. Esa visión ya no es sostenible. Necesitamos una reconfiguración ética que reconozca nuestra interdependencia con los ecosistemas”. Esta visión es compartida por José Antonio Landriel, abogado constitucionalista y vicerrector académico de la misma universidad, quien advierte que “el daño transgeneracional que causan los incendios y la deforestación afecta directamente el núcleo de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente: la vida, la salud, el ambiente sano y los derechos de la Madre Tierra”.

La revisión de los programas de cinco alianzas y partidos revela marcadas diferencias en la profundidad y enfoque de sus propuestas. Quiroga resalta que Alianza UNIDAD y APB SUMATE presentan planes detallados que incluyen desde la protección de áreas naturales hasta la diversificación energética, mientras que MORENA y Alianza Libertad y Democracia apenas mencionan el tema, con enfoques vagos o limitados a lo económico.

Asimismo, señala que el programa del MAS-IPSP apuesta por un control estatal con un discurso centrado en la "defensa de la Madre Tierra", aunque sin mayor desarrollo técnico.

Quiroga afirma que estas omisiones o enfoques limitados son preocupantes, sobre todo cuando la realidad del país exige respuestas urgentes y estructurales. “Nos encontramos en un momento de inflexión. La expansión de la frontera agrícola, el uso intensivo de agroquímicos y los desmontes legales e ilegales están generando impactos irreversibles en nuestros ecosistemas”, advirtió.

A pesar de la imprescriptibilidad establecida en el artículo 347 de la Constitución Política del Estado —la misma que establece un marco legal para la protección del medio ambiente en Bolivia, enfatizando la responsabilidad del Estado y la sociedad en la mitigación de los efectos nocivos y la reparación de los daños causados—, Landriel sostiene que “la ausencia de un sistema judicial especializado en delitos ecológicos ha generado una perversa consecuencia: la imprescriptibilidad, que lejos de fortalecer la protección, fomenta la inacción”.

Según Quiroga, las cifras de deforestación entre 2019 y 2024 muestran una tendencia alarmante, afectando áreas protegidas, territorios indígenas y reservas naturales. A ello se suma la débil fiscalización estatal y un marco normativo ambiental que, en sus palabras, “ha sido progresivamente subordinado a los intereses del agronegocio y sectores privilegiados por el poder político”. En esa misma línea, Landriel apunta: “Bolivia mantiene un frondoso discurso proteccionista, pero ha vaciado sistemáticamente de contenido práctico estas disposiciones”.

Frente a este panorama, Quiroga propone una “intensificación sostenible” del modelo productivo, es decir, aumentar la eficiencia en las tierras ya cultivadas sin necesidad de seguir desmontando bosques. También sugiere una transición gradual hacia la agroecología, el impulso a la agricultura familiar y la creación de un cuerpo legal coherente que fortalezca la institucionalidad ambiental. 

En tanto, Landriel plantea una “ecología constitucional efectiva” que traduzca los principios de la Carta Magna en mecanismos concretos de protección. “La imprescriptibilidad debe dejar de ser una promesa futura para convertirse en acción presente”, afirma.

“La crisis ambiental no es solo técnica ni económica, es también una crisis ética. Debemos superar la idea de que la naturaleza está al servicio del hombre. Necesitamos una nueva visión que reconozca el valor intrínseco de la biodiversidad, los bosques y las cuencas como elementos vitales, no negociables”, enfatizó Quiroga.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a que los programas de gobierno incluyan propuestas concretas para la gestión integral del agua, la reforestación activa, la restauración de ecosistemas y la participación efectiva de las comunidades locales en la gestión territorial. En palabras de Landriel: “Cuando los bosques arden, lo que se quema es mucho más que vegetación; se incinera también la promesa constitucional de un Estado que se definió a sí mismo como protector de la Madre Tierra”.