Esto acontece especialmente cuando se trata de asuntos públicos, pues se considera que nadie puede excederse en actos que atentan inclusive contra los derechos de los demás. En este sentido, es una manera de coartar a otros el acceso legítimo al ejercicio del Gobierno, o sea a la libertad de cumplir una determina función. Ello se produce con más énfasis cuando se trata de ejercer los poderes del Estado, empezando por la Presidencia de la República.

En el presente, el intento del presidente Evo Morales para repostularse al cargo que ocupa desde hace 12 años, es una flagrante ilegalidad.

Esto suele ocurrir con alguna frecuencia cuando se trata de quienes optan por convertir el ejercicio del poder en una constante, con lo que demuestran que no están dispuestos a admitir que tenga limitaciones en el tiempo y en el uso de la máxima autoridad del país.

Es evidente que Morales ha logrado detentar el poder como resultado de tres elecciones generales, hasta el presente cada período por cuatro años. En el futuro inmediato, por una última reforma constitucional, las gestiones gubernamentales se ampliarán a cinco años.

El actual mandatario ha sido elegido para ejercer el cargo por cuatro años, empero, en las elecciones generales previstas para octubre del año 2019, por disposición constitucional, el plazo se ampliará a cinco años. En cierto modo, no tiene una explicación muy sólida tal cambio, salvo la excepción que en otros países efectivamente los períodos son de cinco años.

Pero no es este precisamente el motivo de estas líneas, sino de poner reparos a que Morales, después de cumplir tres gestiones de cuatro años, al presente insista en mantenerse en el Gobierno por otro período constitucional, esta vez sería para detentar el cargo por cinco años.

Mucho se habla de la democracia política, pero no siempre se tiene apego a cumplirla con este espíritu. El hecho mismo de estar previsto que Morales estará en el ejercicio de la Presidencia durante 12 años, no es justamente una manera de respetarla.

La democracia tiene vitalidad histórica y explícitamente establece la renovación periódica en el ejercicio de la Presidencia de la República. Al no ocurrir ello, se desbordan los límites legales que se adopta para su práctica.

En cuanto a la repostulación que pretende Morales, esta vez más viola la Constitución, peor todavía cuando en su propio mandato se adoptó la reforma constitucional, la que en lo que se refiere a tal posibilidad, determina que puede pretenderse sólo por una vez.

Pese a ello, lo que se propone es otra violación más al orden constitucional, no obstante que fue en su gestión que se tomó esa previsión, esto es en febrero de 2009. Precisamente, en ella se dispone que se pueda acceder, si se desea, a una sola reelección. Pero ocurre que Morales gobierna Bolivia desde 2006, por efecto de la elección de 2005.

Al cumplir una vez más el orden constitucional, lo que se tendrá que convenir es que al pretender en 2019 otra reelección, en el orden democrático lo que sucederá es que Morales tratará nada más que la ampliación de una dictadura, en caso alguno de conservar el régimen legal.