“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional el ataque perpetrado contra una ambulancia que transportaba policías heridos y personal médico, durante el bloqueo instalado por grupos afines a Evo Morales”, refiere el comunicado emitido por la Cancillería.

Consideró “inadmisible que médicos, personal de salud y efectivos policiales sean agredidos mientras cumplen con su deber de proteger y salvar vidas”.

El ataque se registró la noche del viernes 6 de junio en el municipio de Vinto, en el quinto día del bloqueo evista que buscar forzar la candidatura de Morales pese a no contar con un partido, que el plazo de inscripción concluyó el 19 de mayo y los impedimentos constitucionales que enfrenta.

La ambulancia fue atacada, volcada y quemada y sus ocupantes —cuatro policiales y personal de salud— fueron violentamente agredidos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se afirmó que “estos hechos no pueden considerarse una manifestación social” sino “actos de vandalismo que atentan contra la vida, la salud y los derechos fundamentales de la población”.

“Estas acciones atentan contra el acceso a la salud, la integridad física y el libre tránsito, principios consagrados en nuestra Constitución Política del Estado y compatibles con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se trata de hechos inaceptables que persiguen el objetivo político del evismo de acortar el mandato constitucional del presidente Luis Arce Catacora e impedir la realización de las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto”, denunció la Cancillería.

De hecho, los seguidores del expresidente advirtieron en varias ocasiones que sin Morales no se realizarán las elecciones generales el 17 de agosto, incluso algunos de sus representantes, como Enrique Mamani, amenazó con revelar las direcciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por esa y otras amenazas, Mamani fue detenido la noche del viernes y por decisión de la justicia guardará detención preventiva por tres meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en el altiplano paceño.

Ante las constantes amenazas, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el “pueblo boliviano tiene derecho a vivir en paz y a elegir libre y democráticamente a sus gobernantes”.

Al dirigirse a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, la Cancillería les instó a “mantenerse alerta antes estas graves violaciones, que ponen en riesgo la estabilidad democrática y la convivencia pacífica en nuestro país”.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a defender la paz, la institucionalidad y el Estado de Derecho, a respaldar firmemente el proceso electoral del 17 de agosto y a rechazar y aislar a quienes promueven la violencia, el caos y la desestabilización.

“Nada justifica la violencia ni el ataque a servicios esenciales como la salud”, se lee en el comunicado.