Es por eso que es correcto calificar la actitud de los miembros de ese Tribunal como una grosera traición a sus funciones, pasibles a la más severa sanción por parte del Estado, que probablemente será dada cuando se restablezca la normalidad en el Poder Judicial.

Como secuela de esta arbitrariedad, han dejado al país dividido entre quienes están con la razón y con apego a las normas y quienes están tratando de vulnerarla a cualquier costo con el afán de seguir medrando del poder con resultados peligrosos para la secuencia democrática que la historia exige a las naciones que han elegido este sistema de gobierno.

Quienes han entendido mal esto de “proceso de cambio”, no saben el significado de la palabra ‘proceso’, ya que no es tal si no tiene al caudillo al mando; entonces de proceso no tiene nada, solo es un discurso mal entendido por sus acólitos y para la mayoría del país, una muletilla para justificar las embestidas del gobierno en sus afanes prorroguistas.

Si el Tribunal Supremo Electoral no convalida el carácter vinculante de la consulta popular del 21 de febrero de 2016, sería otra puñalada a la democracia, con consecuencias funestas para la convivencia pacífica del país.

La traición de este gobierno al sistema que le permitió acceder al poder no tiene parangón en la historia moderna del país y quedará como un triste recuerdo en los anales de la historia boliviana, como un asalto a la democracia por parte de impostores, que pudiendo haber salido por la puerta grande por la que entraron, tendrán que salir en algún momento por las ventanas.