El máximo dirigente del FPV, Eliseo Rodríguez, denunció que la cancelación de la personería jurídica del partido carece de sustento legal y generó una persecución indebida en su contra, lo que -según advirtió su abogado, Wilmer Vásquez- pone en riesgo su salud, su libertad y su vida. «Esta persecución afecta no solo sus derechos políticos, sino también su integridad física y emocional», señaló Vásquez.

En el petitorio presentado ante la justicia, el FPV pide que se conceda la tutela solicitada, se declare procedente la Acción de Libertad y se ordene al TSE cesar de manera inmediata cualquier tipo de persecución. Además, solicita que se anule la resolución que dispuso la pérdida de su personería jurídica, la cual, según argumentan, fue emitida sin una sentencia ejecutoriada en la justicia ordinaria y desconociendo la Sentencia Constitucional 113/2021 promovida por el propio órgano electoral.

El FPV también denunció que la cancelación de su personería provocó la pérdida de candidaturas en todo el país, afectando su estructura electoral y su participación en las elecciones del 17 de agosto. “Pedimos que se paralicen las elecciones a nivel nacional si no se nos permite participar”, reiteró el abogado del partido, quien anticipó que presentarán una denuncia penal contra los vocales del TSE por incumplimiento de deberes y por vulnerar los derechos políticos del FPV.

Por su parte, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, defendió -la anterior semana- la decisión del órgano electoral, afirmando que se actuó conforme a la ley. Explicó que el inciso b) del artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece que los partidos deben obtener al menos el 3% de la votación para conservar su personería jurídica, condición que ni el FPV ni Pan-Bol cumplieron en las elecciones generales de 2020.

La sala plena del TSE resolvió el pasado 7 de mayo, a raíz de una denuncia presentada el 13 de marzo por Peter Erlwein Beckhauser, que ambas organizaciones políticas quedan inhabilitadas para participar en los comicios, lo que el FPV califica como una medida arbitraria y desproporcionada. (Brújula Digital)