“Esperemos que la Asamblea pueda empezar a tratar ese proyecto. En realidad ese proyecto de la preclusión es el más importante para nosotros”, afirmó Hassenteufel, al referirse a la necesidad de garantizar que ninguna autoridad vulnere las decisiones asumidas en las diferentes fases del proceso electoral.

Ambas propuestas surgieron en el tercer Encuentro Interinstitucional Multipartidario convocado por el TSE, con el objetivo de fortalecer y proteger el proceso electoral del 17 de agosto, en medio de un clima de desconfianza heredado de anteriores comicios.

El principio de preclusión, ya contemplado en la ley electoral, establece que las decisiones tomadas en una etapa del proceso no pueden ser reabiertas o modificadas en fases posteriores. En las elecciones judiciales pasadas, esa garantía fue debilitada por un fallo que permitió observaciones fuera de plazo, lo que derivó en una elección parcial y en la continuidad de magistrados “autoprorrogados” en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Además, el TSE busca que los recursos inicialmente asignados a la campaña de los partidos políticos sean utilizados para reforzar el TREP, un sistema de conteo rápido de votos que es considerado fundamental por diversos sectores para transparentar los resultados y prevenir cualquier intento de fraude electoral.