¿Qué está en juego?

La controversia surge a raíz de una denuncia presentada por Peter Erlwein Beckhauser, quien argumenta que el FPV no alcanzó el mínimo del 3% de los votos en las elecciones generales de 2020, como exige la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Este incumplimiento podría derivar en la pérdida de su personería jurídica, lo que impediría al partido participar en los comicios nacionales27.

El vocero del FPV, Wilmer Vásquez, afirmó que ya se entregaron los documentos necesarios al TSE para demostrar la legalidad del partido. Sin embargo, advirtió que, si se confirma la inhabilitación, recurrirán a instancias legales para detener el calendario electoral14.

Acciones legales previstas

Entre las medidas planteadas por el FPV se encuentra la presentación de un amparo constitucional y posiblemente acciones de libertad. Según Vásquez, estas medidas buscan evitar lo que consideran una vulneración del derecho democrático del partido y sus seguidores34. Además, señaló que los recursos legales podrían ser presentados desde diferentes regiones del país, amplificando el impacto sobre el proceso electoral4.

Impacto político y social

La amenaza del FPV genera incertidumbre en el panorama político boliviano. Si se ejecuta la estrategia legal del partido, las elecciones generales podrían enfrentarse a una paralización temporal similar a lo ocurrido con procesos judiciales anteriores. Esto podría intensificar las tensiones políticas y sociales en Bolivia127.

Por otro lado, Eliseo Rodríguez, presidente del FPV, aclaró que aún no hay una resolución oficial sobre la denuncia y que las declaraciones de Vásquez representan una postura personal. Sin embargo, no descartó recurrir a estas medidas extremas si finalmente se consuma la inhabilitación2.