La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en sus dos estaciones, en grande y en detalle, la ley del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP), impulsada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para aplicarse en las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

«Habiéndose aprobado en sus dos estaciones y siendo la Cámara de Senadores la cámara revisora queda sancionada la ley, remítase al Ejecutivo para fines constitucionales», leyó Gladys Alarcón, presidenta en ejercicio del Senado.

El proyecto modifica la Ley 026 del Régimen Electoral y fue exigido por los 14 partidos políticos durante la denominada “Cumbre por la Democracia” del 17 de febrero, evento que contó con la presencia del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y los presidentes de las cámaras legislativas.

El TREP se financiará con Bs 40 millones originalmente destinados a propaganda política, según lo acordado en dicha cumbre. Su objetivo es que el mismo día de la votación se pueda conocer los resultados preliminares de los candidatos ganadores y perdedores del proceso electoral del  próximo 17 de agosto.

Originalmente, el proyecto que presentó el TSE contenía dos artículos y una disposición única con cinco puntos y una disposición final única. Sin embargo, esta disposición final única fue modificada en la Cámara de Diputados a disposición transitoria primera, con un único artículo. Además, se añadió una disposición transitoria segunda y otra disposición transitoria tercera.

Esto, principalmente, referido a la aplicación al “fortalecimiento público establecidas en la Ley 1096 del 31 de agosto del 2018 de Organizaciones Políticas, debiendo asignarse el presupuesto destinado a este propósito a fortalecer los recursos para garantizar la transmisión y publicación de los resultados electorales preliminares”.

En la sesión de este miércoles en la Cámara de Senadores, surgió el debate de aprobar el proyecto sin modificaciones o con modificaciones, para lo cual se presentaron dos informes. Sin embargo, finalmente, se sancionó el proyecto tal cual como lo remitió la Cámara de Diputados.

La norma establece que «para las elecciones generales 2025, el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales podrán contratar directamente la adquisición de bienes, servicios y consultorías individuales» sujetos a un reglamento propio.

De acuerdo con la norma, el TSE tendrá un plazo de 60 días calendario tras la promulgación para reglamentar estos procesos.