En criterio del destacado jurista cochabambino, no se debe permitir que el país y su población se vean afectados constantemente por bloqueos violentos que son un perjuicio para sus actividades, una solución a este problema es analizar la posibilidad de penalizar este acto.
“Entre las propuestas que se presentaron desde el Frente Conservador está la reforma del actual Código Penal porque en este momento se vive confundiendo y anteponiendo el derecho a la protesta por sobre el derecho a la libre locomoción de la gente”, indicó.
Asimismo, Sánchez explicó que sentencias constitucionales y distintas disposiciones de organismos internacionales en este tema, son sumamente claras al momento de catalogar a los bloqueos como “atentados”, cuando a través de estos se empieza a afectar temas de educación, seguridad, salud y la propia economía de un país.
En ese sentido, reiteró que la propuesta de penalizar los bloqueos fue uno de los ejes centrales en el programa del Frente Conservador Boliviano, esto con la finalidad de sancionar a todo aquel que opte por atentar contra los derechos de la población, cortando la normal circulación en los caminos.
Según Sánchez, este es un tema importante que debe ser abordado por autoridades de gobierno y por los candidatos que actualmente pugnan por llegar a la presidencia.
“Nuestra legislación no está bien y por eso tenemos que modificar el Código Penal para enviar a la cárcel a los bloqueadores que atenten contra la salud y la economía de todo un país, eso deben tener en la cabeza todos los funcionarios y los candidatos a la presidencia”, agregó el jurista, exhortando a que políticos tomen con seriedad esta propuesta en beneficio de una ciudadanía que no puede continuar siendo víctima de los bloqueos.
Ya en enero de 2024, el abogado constitucionalista Williams Bascopé había presentado ante la ALP un proyecto de ley para prohibir los bloqueos de carreteras en el país, contemplando sanciones de hasta veinte años de cárcel para quienes incurran en esta acción.
En ese entonces, Bascopé cuestionó la inacción de autoridades y del propio Parlamento frente a los sectores que optan por el bloqueo de caminos como medida de protesta.
“La libre transitabilidad es un derecho que está siendo violado constantemente, bloquean no solamente la posibilidad de que mucha gente ejerza su derecho al trabajo, al comercio, al libre tránsito; también el derecho a la salud”, expresó el jurista, puntualizando que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, mas no así el “derecho a bloquear”.
Esta semana, reprochando que proyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos permanezcan estancados en la ALP, la diputada Luciana Campero lamentó que la violencia se haya normalizado en Bolivia, disfrazada de derecho a la protesta, en ese contexto anunció la presentación de un proyecto de normativa destinado a sancionar los actos violentos en movilizaciones, suspendiendo y anulando los bonos sociales de los infractores.
Para la legisladora de oposición, este proyecto normativo plantea investigar a las personas involucradas en actos de violencia durante manifestaciones de protesta que afecten las actividades productivas de la población, dañen el ornato público o provoquen afectaciones a la economía nacional, con la finalidad de anular cualquier beneficio del que el infractor pueda beneficiarse en el presente o en el futuro.