Consideraron que estas actitudes pueden derivar en una “afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de los bolivianos”.

“La crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, agravada por el desabastecimiento de combustibles, la escasez de divisas y los bloqueos de carreteras, impactan de forma negativa a toda la población, afectando de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad”, cita el pronunciamiento leído por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en una conferencia de prensa. 

Señalaron que estas crisis sólo pueden resolverse a través del diálogo y los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución Política del Estado, por lo que “es fundamental que las elecciones generales, previstas para agosto de 2025, se desarrollen en un ambiente libre de presiones, amenazas, desinformación o acciones que generen temor o conflicto”.

Llamado a distintos sectores

Las instituciones que participaron del pronunciamiento también hicieron una serie de exhortaciones a los diferentes actores involucrados en la crítica situación por las crisis que atraviesa el país.  

En ese sentido, llamaron a los actores políticos “a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos de odio y amenazas dirigidas a instituciones públicas o sociales, que inciten a la violencia, vulneren derechos humanos o alteren la convivencia pacífica”.

Al Gobierno, le instaron “a garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a protestas y bloqueos se rija por los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y a abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas”.

Sin embargo, la protesta evista se volvió violenta. Hasta el momento hay decenas de heridos, la mayoría policías y personal médico. Incluso, una ambulancia fue atacada y sus ocupantes (entre ellos heridos) golpeados. 

Al momento, se mantiene un movimiento policial y militar coordinado para desbloquear, principalmente, la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país. 

Asimismo, las instituciones pidieron al Órgano Electoral “hacer prevalecer sus competencias y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral íntegro, transparente y competitivo, a fin de cumplir con las fechas previstas en el calendario electoral”.

Solicitaron a los sectores movilizados “ejercer sus derechos políticos en el marco del respeto a las normas democráticas y la libertad de expresión responsable”. Indicaron que “se debe evitar toda forma de violencia que afecte los derechos de personas no involucradas en las protestas. Asimismo, los exhortaron “a garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia” y aclararon que, “conforme a los estándares internacionales, únicamente las manifestaciones pacíficas gozan de protección plena”.

Solicitaron a todas las fuerzas políticas y sociales del país “establecer mecanismos seguros e incluyentes para lograr espacios de diálogo, que permitan acuerdos sobre los principales problemas del país” porque “el diálogo debe priorizarse sobre el uso de la fuerza”.

Finalmente, a la ciudadanía en general, exhortaron “a mantener una actitud crítica, vigilante y pacífica comprometida con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones constructivas”.

Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales bloquean algunas de las principales carreteras de Bolivia desde el pasado lunes 2 de junio.

Esta segunda semana de conflicto comenzó con 24 puntos de bloqueo, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizado hasta las 07:33 de este lunes. 

Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Luis Arce y aseguran que protestan por la crisis económica, pero el presidente Luis Arce identificó a Morales como el instructor de los bloqueos para intentar forzar su nueva candidatura presidencial.