El contrato que se firmó con la francesa Total, el año 2006, era para la exploración de posibles pozos en territorios de Chuquisaca y Santa Cruz. Así se lo hizo y después de las prospecciones y seguimiento de procesos que parece que no hizo bien Chuquisaca porque no contrató personal idóneo pudiendo hacerlo, se tuvo el informe final del Gobierno en el que se aclaró que los reservorios encontrados pertenecían en 100% a Santa Cruz.

Hay que reconocer que los datos que se presentaron, no solamente en cuanto a los reservorios de gas, sino a las aclaraciones sobre límites, fueron claros y respondían a estudios profesionalmente hechos, cuyo análisis podía llevar a la conclusión de que los informes eran irrefutables.

Sin embargo, las ilustraciones didácticas de las secciones sísmicas definitivas no se acompañan con el respaldo gráfico que emite el software que procesa los datos de origen. Adicionalmente, se evidencia contradicción entre interpretaciones (PSTM) originales de Total antes del perforado y lo considerado definitivo, especialmente con lo que es difícil de cambiar, que es la posición de los anticlinales en relación con el límite interdepartamental de la cumbre del Incahuasi.

Por esta y otras razones, inclusive de tipo jurídico, aunque el caso esté “cerrado”, la Gobernación de Chuquisaca debería insistir en corregir un error o lo que se llame para revertir por lo menos parcialmente lo que hasta este momento se considera definitivo y propender a que YPFB le proporcione información de origen para que en un cambio de actitud en ambos lados, se tome el camino de la demostración en lugar del de la persuasión.

Esa sería la única manera de que la población acepte respetar los resultados convencida de que no hubo sesgo alguno por presiones de interés político o de otra índole. Mientras tanto, persistirán las dudas de todo tipo porque cuando la verdad no está confirmada, aparecen tarde o temprano argumentos que reabren los casos mal cerrados.

No es justo que un asunto tan importante como el que es motivo de esta nota, quede donde está y hasta por responsabilidad de las autoridades ante la historia, no debería darse por aceptada una decisión con dudas justificadas.

Quizá el error que es responsabilidad nuestra se haya iniciado al principio; es decir, cuando era absolutamente necesario y prioritario que la Gobernación contrate profesionales de primer nivel y bien pagados para consolidar sus cualidades éticas y académicas, de manera que amparados por la ley puedan hacer un seguimiento y control estricto en todo el proceso.

Hay que reconocer humildemente que Santa Cruz ha ganado y que nosotros hemos perdido, hay que reconocer, además, que lo hizo mejor en el proceso y que su único perjuicio ha sido la tardanza en el pago de sus regalías. Nosotros hemos perdido todo, por lo menos de momento, por lo que este caso no debería quedarse como está y la Gobernación, con el poder que la ley le otorga, debería seguir haciendo gestión.