Desde que asumió el poder, el día 8 de noviembre del año 2020, el señor Luis Arce tiene, según la Constitución Política del Estado, las siguientes obligaciones: cumplir y hacer cumplir las leyes, dirigir la administración del Estado y coordinar con los distintos niveles de gobierno; nombrar ministros, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas y la Policía, dirigir la política exterior, proponer leyes, emitir decretos y preservar la seguridad del país. Además, está encargado de presentar planes de desarrollo, informes anuales ante la Asamblea Legislativa, y puede declarar estados de excepción, otorgar amnistías e indultos, y nombrar autoridades conforme a la ley. Su rol es velar por el buen funcionamiento del Estado y garantizar el respeto a la Constitución.

Hay mucho que decir en relación al cumplimiento de sus obligaciones. La historia y la justicia, de ser cambiada, juzgarán. Sin embargo, es visible que no ha cumplido su trabajo a cabalidad. Las leyes le han servido para la persecución política, la coordinación con otros niveles de gobierno ha sido deficiente, y las fuerzas del orden han sido manipuladas. Muestra de esto es el pseudogolpe de julio del año pasado y todo lo declarado por Zúñiga, además de jactarse de las órdenes de aprehensión absurdas a Evo Morales, que hasta ahora no se han hecho efectivas.

Ni qué decir de la política exterior, que ha desaparecido a la escuela de diplomacia y nos sitúa en el mundo como uno de los peores países en términos económicos, sociopolíticos, de corrupción y de calidad de vida. Los planes del gobierno nacional parecen estar desconectados de la realidad del pueblo boliviano. El Estado está en descontrol, muestra de ello son las filas de automovilistas, la gente desesperada por comprar un litro de aceite, y la angustia por alguna solución que no llega ni llegará hasta que cambiemos de capitán de barco. Este barco que se está hundiendo, y en vez de lanzar los salvavidas para disminuir la cantidad de ahogados, se ven las peleas entre quienes quieren manejar el timón, cuando han demostrado que no saben manejarlo.

Hoy, después de 1.676 días y de estar como estamos, en múltiples crisis, el pueblo boliviano necesita que el presidente se enfoque en una sola cosa: asegurar las elecciones nacionales para el 17 de agosto de este año; que honre su investidura, aunque sea al final de su mandato.