Los disturbios ocurridos esta semana en el país estuvieron marcados por la aparición de evidencias preocupantes: personas y agrupaciones estarían ejecutando planes desestabilizadores que, en el frágil contexto preelectoral que atraviesa Bolivia, constituyen una amenaza directa a la democracia.

La semana comenzó con una nueva oleada de bloqueos en puntos estratégicos del país, liderados por sectores afines a Evo Morales, quienes insisten en su habilitación como candidato presidencial. Esta exigencia persiste a pesar de una resolución constitucional que lo inhabilita y del vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas. A esta práctica, tan nociva como recurrente, se sumaron denuncias graves que apuntan a que el propio Morales habría ordenado movilizar a sus bases para generar caos y cercar la sede de Gobierno.

“El compañero Evo nos ha llamado, me dio la instrucción clara de levantarnos en sublevación. Está dando órdenes para convulsionar Bolivia, generar caos, violencia y muerte”, denunció Rudy Capquique, exdirigente evista, quien difundió un audio en el que supuestamente conversa con el líder cocalero.

Morales intentó desvirtuar estas acusaciones, señalando al Gobierno de utilizar “falsos testigos” y de fabricar montajes. Sin embargo, pronto circularon fotografías y videos que confirman la cercanía de Capquique con el expresidente, así como su participación activa en anteriores movilizaciones del evismo.

A ello se sumaron otros audios, presuntamente vinculados a una operadora del exministro Juan Ramón Quintana, que sugieren la planificación de atentados contra viviendas de personas relacionadas con el Gobierno.

El clima ya tenso fue aún más agravado por amenazas de bomba contra dos órganos fundamentales del Estado: el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Estas amenazas, que obligaron a evacuar instalaciones y movilizar a unidades antiexplosivos, también han sido atribuidas a sectores radicalizados del evismo que exigen la habilitación de Morales.

Si se comprueban, todas estas denuncias constituyen hechos de extrema gravedad. Atentan contra la estabilidad democrática en un contexto ya afectado por la crisis económica, la escasez de combustibles y la inflación. Todo indica que se busca aprovechar el descontento social, la polarización política y el desgaste del Gobierno de Luis Arce para sembrar desesperanza y justificar una interrupción del proceso electoral. ¿Está el evismo dispuesto a todo con tal de imponer la candidatura de su líder, incluso a costa de mayor sufrimiento para el pueblo boliviano?

Frente a estos hechos, el Ministerio Público y el sistema judicial deben actuar con celeridad y firmeza. Es urgente investigar a fondo, identificar a los responsables y sancionar con el peso de la ley a quienes estén detrás de estas acciones. No se puede permitir que grupos subversivos manipulen la crisis nacional para imponer su agenda.

Un paso en esa dirección fue la denuncia penal presentada ayer por el Ministerio de Justicia contra Evo Morales, por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos. El ministro César Siles formalizó la denuncia por siete delitos, no solo contra Morales, sino también contra “otras personas que quieren dar un golpe de Estado”.

Proteger la democracia debe ser una prioridad compartida por todas las instituciones del Estado. Solo así será posible garantizar un proceso electoral limpio, pacífico y legítimo rumbo al 17 de agosto. Bolivia no puede permitir que la violencia, la desinformación y los intereses oscuros vuelvan a imponerse sobre la voluntad popular.