A poco menos de tres meses de las elecciones nacionales y ante la ola de acciones legales contra frente políticos, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó la necesidad de dar certidumbre a la población sobre su efectiva realización. Por esa razón, la autoridad instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer prevalecer sus competencias ante este “contexto político electoral de altísima fragilidad”.

“En el (actual) contexto político electoral hay una altísima fragilidad institucional, lo que está ocasionando que la justicia constitucional asuma un rol inusitado al margen de lo que racionalmente debería tener”, sostuvo Callisaya.

Para el Defensor del Pueblo, el accionar de la justicia constitucional está “irrespetando la competencia del Tribunal Supremo Electoral, generando problemas de incertidumbre en la población acerca de si se va a llevar o no las elecciones generales”.

Según la autoridad, esta incertidumbre se refleja en varios aspectos, como saber si las elecciones “serán competitivas, íntegras y transparentes”. También apuntó a la incertidumbre acerca de la realización del voto de los ciudadanos en el exterior “porque no hay los recursos correspondientes o no se asignó en su real magnitud y necesidad conforme lo solicitado por el TSE”.

Diez demandas fueron interpuestas ante la justicia y el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de anular la personería jurídica de los frentes registrados para participar en las elecciones generales. Incluso, uno de estos recursos plantea la anulación de ocho organizaciones políticas.

Callisaya "fue enérgico al apuntar a la incertidumbre que genera la indecisión sobre el blindaje legal que tiene que haber sobre el respeto al principio de preclusión”. 

Además, Callisaya instó al TSE hacer prevalecer sus competencias “para que el proceso electoral se desarrolle en el marco de lo legalmente establecido para llegar a la fecha fijada en el calendario electoral y desarrollar la elección en sí misma”.