Según la denuncia, Beckhauser habría obtenido datos privilegiados a través de un funcionario no identificado del TSE, con el objetivo de presionar la cancelación de personerías jurídicas de varios partidos. Los afectados incluyen a figuras como Eva Copa, de Morena, cuya candidatura habría sido perjudicada por estas acciones. Los denunciantes sostienen que el activista buscaba un beneficio económico de 100.000 dólares o incluso un cargo como diputado.

Pruebas digitales en la mira
Entre los elementos presentados destacan videos y fotografías que, según los querellantes, evidencian negociaciones ilícitas. La denuncia se basa en los artículos 146 y 146 TER del Código Penal, que tipifican el uso indebido de influencias y la corrupción. «Exigimos una investigación transparente para esclarecer estos hechos que manchan la democracia», declaró Barón Uyuquipa.

¿Estrategia política o lucha contra la corrupción?
Beckhauser, conocido por sus denuncias contra el MAS y otros partidos, enfrenta ahora críticas por lo que algunos consideran una maniobra para eliminar competencia electoral. Con las elecciones generales de agosto en el horizonte, el caso reaviva el debate sobre transparencia y manipulación en los procesos electorales. Mientras sectores afines al activista lo defienden como un «luchador contra los taxipartidos», otros exigen justicia ante lo que califican de abuso de poder.

El TSE aún no se ha pronunciado sobre la denuncia, pero el caso promete polarizar aún más a la opinión pública en un contexto donde la credibilidad de las instituciones electorales está en juego.